El PP municipal tiene claro hacia donde debe mirar el juez Ruz en la investigación que afecta al Ayuntamiento de Toledo. Claudia Alonso afirma que el actual alcalde, Emiliano García-Page, firmó en contra del criterio del viceinterventor el incremento del contrato de la concesionaria de la basura y es el responsable del sobre coste de once millones de euros que ha detectado la Intervención General de Estado. Él ocultó esta información a la oposición y él es quien tiene que salir a dar explicaciones a los concejales y a los ciudadanos.
Alonso dice que hasta mayo de 2007, con el PP gobernando, el expediente es legal de cabo a rabo y no tiene ni un informe de los funcionarios en contra (había un protocolo «nulo de pleno derecho» que nunca llegó a ejecutarse).
Sin embargo, en enero de 2008, con García-Page ocupando la Alcaldía al frente de un gobierno bipartito, existe un informa de fiscalización de la Intervención municipal que pone «reparos suspensivos» al acuerdo diseñado para el «mantenimiento del equilibrio financiero de la concesión» de recogida de basura.
Cuando se aprueba este documento Page era alcalde, Rafael Perezagua concejal portavoz y Gabriel González de Servicios, es decir, los mismos que ahora y los mismos que acusan al PP de haber provocado el sobre coste de la concesión (a través del mencionado protocolo).
Alonso, con el documento firmado por el viceinterventor en la mano, indica que la realidad es todo lo contrario y han sido el alcalde y los concejales socialistas los responsables de que aumente la factura de este servicio.
Además recuerda que para levantar los reparos suspensivos de la Intervención el alcalde tuvo que firmar un decreto asumiendo en primera persona el acuerdo para el reequilibrio económico de la concesión. «¿Ahora se hacen los dignos?», pregunta y, acto seguido, exige que García-Page salga a dar una explicación a los ciudadanos de las razones que le llevaron a tomar esa decisión aunque teme que «no lo hará nunca porque no le interesa». Yde paso le gustaría que contase a la oposición por qué estos informes no se incluyeron en la Comisión de Hacienda que revisó el expediente del contrato.
Efectos perniciosos. Para detallar los perjuicios ocasionados por el acuerdo aprobado por García-Page se remite al contenido del informe del viceinterventor: «se fiscaliza con reparos suspensivos porque el acuerdo vulnera los artículos 126.2; 127.2.b; y 129.3 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales puesto que desplaza íntegramente al Ayuntamiento los efectos económicos de las modificaciones introducidas en el Convenio colectivo por la concesionaria y los representantes de los trabajadores, sin tener en cuenta el principio de reciprocidad exigible en los supuesto de ruptura del equilibrio financiero de la concesión cuando no se debe al ejercicio de la potestad municipal del ius variandi».
Segundo «los importes compensatorios se han calculado sin tener en cuenta las variaciones introducidas de facto en la concesión, siendo este un elemento esencial para conoce el punto de equilibrio financiero».
Tercero, «todo acuerdo que se adopte sobre el equilibrio de la concesión requiere obligatoriamente regularizar los cambios introducidos en la prestación de los servicios». Alonso termina en este punto de leer el informe del funcionario y recuerda que además hay un convenio que detalla los sobre costes del acuerdo (6,4 millones durante la duración del contrato y otros cuatro más si se prorroga hasta 2020). «Los sobrecostes los ha provocado él», recalca la portavoz del PP.