La Demarcación de Carretera del Estado en Castilla-La Mancha, dependiente del Ministerio de Fomento, ha satisfecho ya la condena de pagar los justiprecios y los intereses a 18 de los propietarios expropiados hace 11 años para la construcción de la AP-41, que conecta Toledo con Madrid. De este modo, han cobrado en total 1.832.360,26 euros, 20 veces más que la media que se había estipulado en un principio.

Así lo explicó ayer a este diario el abogado de los propietarios, José Antonio Franco, quien detalló que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha había condenado en última instancia a la Administración del Estado a abonar esta cantidad a los 18 beneficiarios, en su mayor parte con terrenos en los términos municipales de Illescas y Cedillo del Condado. No obstante, hay más afectados que pueden haber recurrido a otros letrados para una compensación mayor.

Según detalló Franco, la concesionaria de este proyecto, Autopista Madrid Toledo Concesionaria Española de Autopistas S. A., se declaró en concurso de acreedores, por lo que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha obligó en enero de 2015 al Gobierno de España a asumir el pago a los propietarios como beneficiaria última de la construcción de la autopista.

Los más de 1,8 millones de euros se corresponden con el valor del justiprecio de 1,4 millones más los 400.000 euros en concepto de intereses. Se debe al retraso en el abono del importe del justiprecio, que quedó fijado en las 18 sentencias dictadas entre los años 2011 y 2014.

La cantidad percibida supone un incremento de 20 veces el precio fijado en un principio para abonar a los propietarios, que en un principio obtenían una media de 5.000 euros en vez de los 100.000 que han recibido al final.

Sobre esta cuestión hay que mencionar que alrededor de 1.600 dueños de fincas, en su gran mayoría pertenecientes a La Sagra, se vieron desposeídos de unos 11 millones de metros cuadrados por la construcción de la vía de peaje entre Toledo y la Comunidad de Madrid. El Jurado Provincial de Expropiación, en resoluciones avaladas por la Justicia, reconoció a estos propietarios un valor medio de sus terrenos de 13 euros por metro cuadrado, el triple de lo que estimó en un principio la concesionaria de la autopista.

Por ello, el precio total a pagar ascendía a unos 140 millones según el valor del Jurado Provincial de Expropiación, sin contar los intereses de demora que podían incrementar la cifra en otros 50 millones. Cabe recordar que la entrada en concurso de acreedores de la AP-41, en 2012 tras declarar una deuda de 565 millones y reconocer un tráfico mínimo, se produjo meses después de que la Justicia confirmó las tasaciones del Jurado de Expropiación.