«Debidamente fiscalizados». Los municipios y sus administraciones locales centraron ayer el debate en la Jornada de financiación municipal y control de las cuentas locales que celebró la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha a lo largo de la mañana de ayer y cuya inauguración corrió a cargo del Síndico de Cuentas de esta región, Miguel Ángel Cabezas de Herrera, y el consejero de Presidencia y Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Leandro Esteban.

El Síndico confesó su debilidad por el sector local, pues comenzó su vida profesional como servidor público hace ya treinta años en el Ayuntamiento de Talavera. Para Cabezas de Herrera, el título de esta jornada ‘Financiación municipal y control de las cuentas locales’ refleja dos caras de la misma moneda, ya que en su opinión «no puede exigirse una financiación adecuada por parte de las corporaciones locales sin plantear al mismo tiempo el necesario rigor en la revisión de las cuentas y unos adecuados niveles en la fiscalización de las mismas».

El Síndico realizó una serie de reflexiones sobre la financiación municipal y el control de las cuentas partiendo de dos hechos incontestables como es  por un lado la caída brutal de los ingresos de las administraciones públicas, en especial de las corporaciones locales, como efecto de la crisis y de la disminución de la actividad económica general; y por otro lado las tensiones en el gasto local derivadas de unas mayores demandas de gasto social también como consecuencia de la crisis. A todo esto se suma el alto nivel de endeudamiento y el desfase en el reconocimiento de las obligaciones, y el resultado es «un panorama cuando menos altamente preocupante sino desolador».

Un panorama que, a juicio del Síndico, requiere un debate «sosegado pero urgente» no solo sobre el modelo de financiación sino sobre la propia arquitectura de las administraciones públicas y especialmente el reparto de competencias. Y ello «solo puede y debe hacerse en un clima de consenso», recalcó.

control. La otra cara de la moneda que preocupa profundamente a la Sindicatura de Cuentas es precisamente aquello a lo que dedican su labor como es el control. En este sentido, Cabezas de Herrera recordó que los responsables de la fiscalización vienen demandando desde hace años, mucho antes de los primeros síntomas de la crisis, los «instrumentos legales y los medios para conseguir la plena transparencia y control de las cuentas públicas especialmente de las corporaciones locales».

Y es que el Síndico considera que «no es de recibo el todavía importante número de municipios, algunos de ellos importantes, que no rinden sus cuentas en tiempo y forma o simplemente no las rinden, siendo ello una obligación de base». Por este motivo, el Síndico apostó por establecer «por ley» la obligación de los municipios de auditarse (en las condiciones relativas a periodicidad, tamaño, tramos de población, etc., que la propia ley estableciera), al igual que la tienen las entidades mercantiles.

De todos modos, Cabezas de Herrera reconoció que con los órganos de control y los propios medios con los que cuentan no pueden alcanzar a todo el universo a fiscalizar puesto que es amplísimo. Por todo ello, además de las modificaciones legales que se vienen demandando por parte de los órganos de control, el Síndico afirmó que «debería abrirse la puerta a la colaboración de los auditores privados», pero en el más estricto respeto a la competencia exclusiva en materia de fiscalización y siempre bajo la superior dirección, control y supervisión del correspondiente órgano de control.