La ampliación del Polígono Industrial, uno de los temas de actualidad de la ciudad, también deja de cuando en cuando críticas políticas desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o desde el Ayuntamiento de Toledo. En esta ocasión, el portavoz del Ejecutivo regional, Leandro Esteban,  pidió el viernes pasado al alcalde y al Ayuntamiento que «hagan sus deberes» porque el desarrollo del suelo industrial es una de las cuestiones que entra en el «ámbito de actuación» de la administración municipal.

Sin embargo, esta pequeña objeción ha tenido pronta respuesta. El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento, Javier Nicolás, tiene claro que un proyecto urbanístico de esta importancia no puede llevar a sembrar «confusión en la gente». Al contrario. Opina que los ciudadanos deberían disponer de una información «clara» del futuro urbanístico de la ciudad.

Nicolás no quiso hacer referencia a las críticas de Leandro Esteban, que llegó a comentar la semana pasada que, a veces, en las comisiones regionales de Urbanismo faltan papeles y se ven obligados a pedírselos al Ayuntamiento de Toledo

Sin embargo, el concejal dejó claro que la ampliación del Polígono Industrial, más conocido como PP-11, «depende de la Junta de Comunidades» y la administración municipal pinta poco o nada  en el PAU, en la reparcelación e incluso en las obras de urbanización. «Quien aprueba el PAU es la Junta, las obras del proyecto de reurbanización son de la Junta, y quien las adjudica también es la Junta».

el proyecto. Ambas administraciones entienden que este proyecto es fundamental para la futura actividad económica de la ciudad y a pesar del retraso que ha sufrido respecto a los primeros planes, las dos están convencidas de la posibilidad de urbanizar estos terrenos por fases para permitir que ERES vaya actuando según se vaya pagando el suelo, ya que la urbanización completa de esta ampliación industrial de 1,3 millones de metros cuadrados de superficie suma 28 millones de euros. Una importante cuantía que, al parecer, puede traer de cabeza a las empresas interesadas en instalar su producción en la ciudad.

La ralentización de este importante proyecto y el retraso de la implantación de la empresa Casbega, la única que ha comprado suelo en esta zona por valor de 12 millones de euros, también preocupa a la Junta y al Ayuntamiento, que tan pronto intentan alcanzar una rápida solución para desbloquear el proyecto como se enzarzan en críticas políticas como la que apuntó Leandro Esteban el viernes durante el II Encuentro Empresarial ‘Ciudad de Toledo’ para responder a un empresario preocupado. Desde la Junta se tiene claro que el Ayuntamiento «tiene que hacer los deberes» y desde la administración municipal mantienen que se trata de un PAU de la Junta.