El fin de la amenaza que la independencia de Escocia representaba para el Reino Unido ha dado paso a un nuevo escenario de incertidumbre en el que la negociación para un traspaso «sin precedentes» de competencias tendrá que acometerse en paralelo a la mejora de la capacidad de decisión de los demás territorios que forman parte de la Unión.
El primer ministro, David Cameron, abordó la cuestión en su primera intervención tras conocer la victoria del no en el referéndum. Y es que el desenlace ofreció una bomba de oxígeno a un dirigente en la cuerda floja.
Las concesiones de última hora ofrecidas junto a los demás líderes políticos para convencer al electorado escocés de que apostasen por el status quo obligan ahora a aceptar para Escocia propuestas de difícil digestión para las filas conservadoras, donde ya hay sectores que denuncian que se ha pagado un precio demasiado alto por la unión.
Su último as en la manga en la campaña fue prometer que mantendría el actual método del Ministerio del Tesoro británico para determinar la distribución de gasto público, lo que significa que Edimburgo seguirá disfrutando de un mayor gasto per cápita que Inglaterra, incluso si poderes clave como la política tributaria, o la gestión de los recursos financieros, son transferidos.
Escocia recibe unas 1.600 libras más por habitante, por lo que el blindaje de la financiación obliga a los partidos británicos a mover ficha para contrarrestar los efectos de esta generosidad, incluso a pesar de que ni siquiera habían logrado todavía acordar en detalle los términos de los traspasos.
Aunque hay un calendario de trabajo, las propuestas no han sido negociadas y es difícil prever que el Partido Nacional Escocés se limite a aceptar las pautas que le ofrezcan.
Con el plebiscito decantado por el no, el primer ministro ha refocalizado su atención ante la presión que ahora siente no solo de los demás Parlamentos existentes en el Reino Unido, el de Gales y el de Irlanda del Norte, sino de sus propios diputados, que exigen la apertura de un proceso de reforma autonómica para garantizar el equilibrio territorial. «Es la hora de que todo el Reino Unido se una y se mueva hacia adelante. Una parte vital para ello será un acuerdo equilibrado, que sea justo para los escoceses pero también es crucial que lo sea para cada ciudadano de Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte», mantuvo en su intervención de ayer.
Consciente de que el granero de votos de los tories está en Inglaterra, Cameron se ve obligado a atender las cada vez mayores demandas de «votos ingleses, para leyes inglesas», un principio contenido en el programa electoral de los conservadores en 2010 que estipula que las leyes que afectan en exclusiva a Inglaterra solo deberían ser votadas por diputados de circunscripciones británicas.
De ahí que haya anunciado planes para poner fin a una paradoja que permite que parlamentarios escoceses puedan decidir sobre normativas que afectan a Inglaterra, pero nunca al contrario.
La denominada Cuestión West Lothian ha atormentado a todos los inquilinos de Downing Street desde su formulación en 1977, cuando un diputado preguntó por qué un representante de la circunscripción de Blackburn en West Lothian, Escocia, puede votar sobre temas británicos y otro de Blackburn, en el condado inglés de Lancashire, se ve incapacitado para decidir en el ámbito escocés.