La Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica (OCDE) tiene claro que, para que haya una mejora en la economía mundial, tiene que haber un cambio en las pensiones. Y, por ello, ayer recomendó a sus países miembro, entre ellos España, limitar el cobro de las prestaciones de viudedad, de modo que solo se tenga derecho a conseguir una de forma permanente después de la jubilación, así como impedir que las personas divorciadas puedan acceder a ellas. 

En su informe anual, la organización presidida por el mexicano Ángel Gurría subraya que el objetivo último de las pensiones de viudedad, por encima de todo, es mantener el nivel de vida de los beneficiarios. «Deberían centrarse más claramente en suavizar el nivel de vida de los viudos, un objetivo político necesario, al mismo tiempo que se limitan los desincentivos para participar en el mercado laboral y se elimina cierta redistribución entre los hogares que es difícil de justificar», apunta. 

De esta forma, la propuesta del organismo pasa por «internalizar» el coste de las prestaciones dentro de las parejas. Esto es, que a los mismos derechos para cobrar una ayuda, aquellos individuos que estén viviendo en pareja deberían cobrar menos que los jubilados que vivan solos o estén solteros. Así, se equilibraría el gasto en este ámbito. 

La argumentación que da la OCDE es que las parejas que comparten casa y convivencia se benefician de «economías de escala» frente a los que viven solos. Por tanto, sus ingresos relativos son más altos aunque cobren la misma cantidad. 

Además de esta reforma, también recomienda a los Estados que las pensiones de viudedad no deberían de cobrarse de manera vitalicia a menos que la persona que la vaya a recibir esté ya retirada de su vida laboral. «En su lugar, a edades más tempranas, un beneficio temporal debería ser accesible tras la muerte de la pareja para ayudar a la persona viuda a adaptarse a la nueva situación», apunta el informe. 

realidad paralela.  La propuesta choca con la realidad de sus países miembros. Solamente nueve países de los 35 que componen el club internacional limitan o niegan el derecho a cobrar una pensión de viudedad después de que se produzca un divorcio. 

«Las pensiones de viudedad son útiles para proteger los ingresos disponibles de una persona una vez que su pareja muera, de la misma forma que las pensiones de jubilación sirven para evitar una caída en los ingresos tras las jubilación», afirma el organismo, para añadir que ese objetivo «no es relevante» cuando quien muere es la persona que formaba una antigua pareja. 

En el caso de España, la OCDE indica que estas ayudas representan el 2,3% del PIB del país, estando en el grupo que más gasta, junto con Italia y Grecia. España también se encuentra entre los países cuyas prestaciones de ese tipo representan un mayor porcentaje con respecto al gasto total en la población de la tercera edad (más de un 25%), junto a Luxemburgo y Turquía, mientras que también es de las naciones donde hay más receptores, ya que se pagan más de dos pensiones de viudedad por cada cinco subsidiarios.