«Tenemos que hacer que sea rentable que la gente se quede a vivir en nuestros pueblos». Con esta llamada casi de socorro concluía este lunes el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural su intervención esta mañana en un desayuno informativo organizado en Madrid por la publicación especializada en agroalimentación Qcom.es, y en el que puso a los agricultores y ganaderos como «motor» de la economía rural del siglo XXI por su contribución a la sostenibilidad del medio ambiente y de los pequeños pueblos de Castilla-La Mancha.
Francisco Martínez Arroyo hizo una defensa de las políticas de desarrollo rural en dirección «ascendente», desde los grupos de acción local y desarrollo rural hasta los despachos donde se toman las decisiones como la fórmula idónea para sacar adelante los proyectos y obtener las inversiones necesarias para su consecución. «Es necesario contar con los de abajo» ejemplificó.
Para ello consideró indispensable la labor de estos grupos en los pequeños pueblos y defendió su «intervención» en las decisiones políticas. Arroyo abogó por «llevar el campo a las ciudades» a través de sus productos para dar valor al medio rural y «seducir y cautivar al medio urbano», tarea en la que resaltó que nos encontramos más atrasados que algunos países de nuestro entorno por lo que incidió en la necesidad de incorporar a nuestros productos «la etiqueta de orgullo de origen» con la que los productos se vean identificados y defendidos por su procedencia y calidad.
Tanto es así que consideró «clave» dar un «enfoque territorial» a esas políticas como la que se dio en la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural (2007) que «lleva muchos años infrautilizada y es el momento de sacarla del cajón» para poder desarrollar sus postulados entre los que se tiene al desarrollo rural como «un todo» que abarca múltiples sectores más allá del agrario.
Bajo el título ‘Medio ambiente, motor de economía rural en el siglo XXI’, el consejero autonómico participó en este encuentro sectorial en el que fue presentado además por la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y en el que deslizó distintos mensajes competencia de su cartera entre los que destacó, además de las políticas de desarrollo rural, la actualización de la Política Agraria Comunitaria (PAC) en la que volvió a reclamar que «el presupuesto para esa política sea al menos el que hemos tenido hasta ahora», pero acompañado de «un buen uso» de los recursos públicos porque «no vale el café para todos». «No podemos dar las ayudas a todo el mundo» subrayó, limitando la concesión de esos fondos a quienes «asuman un compromiso adicional», ya sea con el medio ambiente o con el territorio.
«El primer pilar de la PAC no sirve» dijo contundente, porque «no resuelve nuestros problemas», aún a riesgo de ser tildado de «políticamente incorrecto». «Llevamos décadas reformando la PAC y no atinamos» lamentó, por lo que propuso que «lo atinado» sería que «un ganadero de extensivo en la Sierra del Segura pueda seguir siéndolo frente al olivar superintensivo que no necesita ayudas públicas» para subsistir.
estatuto de la mujer rural. Al acto organizado por Ricardo Miguelañez, editor de Qcom.es, acudieron distintos representantes del mundo rural de la región y también nacional, entre los que se encontraron el presidente de la Interprofesional del Vino, Ángel Villafranca; el secretario general de Asaja en la región, José María Fresneda; Julián Morcillo, secretario general de UPA Castilla-La Mancha; o la presidenta de Fedemur, la federación de asociaciones de mujeres del mundo rural Teresa López. Precisamente a ella se dirigió el consejero cuando avanzó que antes de que termine esta legislatura se aprobará el Estatuto para las mujeres rurales con rango de ley que obligará a priorizar el papel de las mujeres con más ayudas, e incluso a las que las organizaciones representativas tengan paridad en sus órganos de decisión. «Es complicado, pero es de los retos más bonitos que tenemos» aseguró.
También anunció para esta legislatura la Ley de Economía Circular, la primera comunidad autónima del país en aprobar algo de esta envergadura, para favorecer el reciclaje, la reutilización, la reparación y la revalorización de los residuos frente al tradicional modelo lineal de la economía actual.
Es más, Martínez Arroyo propuso unas «tasas» para aquellos residuos que, pudiendo ser reciclados o reutilizados vayan a vertederos, y «fianzas» para las empresas que se encargan de gestionarlos para que "quien contamine paga". Una práctica inspirada, según ejemplificó, en lo acontecido con el vertedero de neumáticos de Seseña que ardió en mayo de 2016.
No se olvidó el consejero de mencionar en su proyecto de mejora del medio ambiente de la región el rechazo enérgico del Gobierno de Emiliano García-Page a la instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC), de residuos nucleares, o a la prohibición de la práctica del fracking ante la evolución hacia una economía que rechaza los combustibles fósiles y promueve la energía renovable.
Pide un pacto social para que no se mercadee con el agua
Martínez Arroyo abogó por la consecución de un «pacto social» por el agua, más prioritario incluso que el tan ansiado «pacto nacional», que tanto se reclama desde distintos ámbitos, para acabar con la guerra del agua que están provocando las derivaciones al Segura. El consejero puso en valor el cambio de actitud de Pedro Sánchez en esta materia pero quiso dejar claro que con un bien público lo que hay que hacer es distribuir la riqueza porque «si permitimos que se mercadee con el agua vamos en contra de ese principio de bien público».
Preguntado por este diario, el consejero descartó una nueva «guerra del agua» con el trasvase entre comunidades para lo que reclamó que «apliquemos el sentido común». Defendió que el uso de las desaladoras es ya más rentable y que «los propios regantes lo tienen claro».