jmonroy@diariolatribuna.com
El Grupo Socialista en las Cortes nacionales registró el pasado jueves una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado, en la que solicita al Gobierno una pequeña partida que permita iniciar los trámites que permitan la construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil en Toledo. Así lo ha confirmado el diputado Alejandro Alonso, quien reivindica que al menos llegue una cuantía (los socialistas calculan en torno al medio millón de euros) que permita al Gobierno iniciar la tramitación del cuartel. «Lo que se hace es poner una partida, inicialmente pequeña, que permitirá que el Gobierno desarrolle el proyecto», explica el diputado socialista. En primer lugar, el Ejecutivo tendrá que encargar el proyecto, para más adelante adjudicar la obra. «Pero si no le pones esta asignación, el proyecto está muerto», advierte Alonso.
Se trata de una antigua reivindicación política de la ciudad de Toledo, que no llega a salir adelante, a pesar de las promesas de los gobiernos de uno y otro signo político. El actual cuartel, construido en la avenida de Barber en los años sesenta, se quedó pequeño hace lustros, y tanto sus responsables, como el Ayuntamiento, han pedido en reiteradas ocasiones una solución al Ejecutivo. El cambio de domicilio se hizo más imperioso en 2001. Entonces, se intentó una ampliación del actual y hubo que parar las obras por el peligro de que la estructura no aguantara. Sin embargo los sucesivos intentos de buscar un emplazamiento alternativo no han producido resultados hasta ahora.
Hace justo una década, el general jefe de la Zona de la Guardia Civil de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, José Fernández Ortega, reconocía durante su toma de posesión que el cuartel no podía ofrecer la atención «como el ciudadano nos demanda» y se mostró empeñado en hacer una permuta de terrenos con el Ayuntamiento de Toledo para abordar la construcción de un nuevo cuartel «lo más rápido posible», en la zona de contacto, cerca del polígono industrial. Para el general era un lugar idóneo, cerca de las líneas de comunicación, tal y como se lo había expresado a la anterior delegada del Gobierno, Carmen Valmorisco, y el alcalde, José Manuel Molina. Aquel día (22 de septiembre de 2005), el delegado del Gobierno, Máximo Díaz-Cano, reconoció que este convenio sería un «instrumento muy útil» para la Guardia Civil, un cuerpo que debe contar «con las mejores instalaciones posibles». Y el teniente de alcalde de Toledo, Lamberto García Pineda, mostraba la disposición del Ayuntamiento para colaborar en todo lo posible en la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de la Guardia Civil.
Todo parecía encaminado, más aún cuando en febrero de 2006 Díaz Cano y Molina dieron lo que vio como «el primer paso concreto para la construcción de un nuevo cuartel de la Guardia Civil» en la mencionada zona de contacto, en las inmediaciones de Luz del Tajo. Quedaron en formalizar en un mes un protocolo que comenzaría con la permuta de terrenos. El Gobierno cedería al Ayuntamiento el actual cuartel a cambio de un solar del doble de tamaño (unos 20.000 metros cuadrados) en la zona de contacto. Una vez que tuviera el proyecto de las nuevas instalaciones en la mano, el Ayuntamiento recalificaría el solar de la Comandancia con el fin de conseguir el dinero que financiaría la construcción del nuevo. Pero no hubo más noticias hasta septiembre, cuando, a la espera de la firma del convenio, Molina anunció que la Empresa Municipal Vega Baja es encargaría de la edificación de las nuevas instalaciones y del solar de las antiguas. Esta estrategia recibió las críticas de IU, que no llegaba a entender que fuera el Ayuntamiento, y no el Ministerio, quien financiara las obras con el dinero de un solar propio. Un año después, tomaría la Concejalía de Vivienda Aurelio San Emeterio. Y así hasta que Molina se despidió de la Guardia Civil el 14 de junio de 2007, convencido de que dejaba el proyecto encaminado, pero sin más noticias.
Más noticias, que no llegaron, en este caso para mal, hasta el 12 de octubre de 2009 cuando se conoció que la situación económica reducía el presupuesto para la mejora de ese tipo de infraestructuras, y que la prioridad del Gobierno eran La Salve en Bilbao y Alicante. Todavía no se había producido ni siquiera la cesión de terrenos. Entonces el general jefe, Eugenio Ruiz Seco, y Díaz Cano se citaron para encauzar de nuevo el cuartel, y García-Page recordó que el Ayuntamiento tenía los terrenos de la zona de contacto. Justo un año después, Díaz-Cano anunciaba que el proyecto no caía «en el olvido», pero de momento no había financiación.