Como una de las causas más mediáticas y seguidas de la Historia judicial de España, todos los ojos estaban puestos en la inminente publicación de la sentencia del caso Nóos por parte del Supremo. Algo que ocurrió finalmente ayer y que supuso una leve rebaja por parte del tribunal a la condena que la Audiencia de Palma impuso al exduque Iñaki Urdangarín. Una pena, no obstante, suficiente, de cinco años y 10 meses, como para que ingrese en prisión.

Así, la entrada en la cárcel del cuñado del Rey podría ser inminente, al haber sido considerado culpable de los delitos de malversación, prevaricación, fraude a la Administración, dos delitos fiscales y tráfico de influencias. De hecho, el Supremo solo admite uno de los puntos de su recurso contra la sentencia de la Audiencia de Palma y le absuelve de un delito de falsedad en documento público cometido por funcionario al entender que no queda probada su intervención.

En cuanto a la Infanta Cristina, el Alto Tribunal minora la cuantía que debe pagar como responsable civil a título lucrativo de los 265.088 euros a los 136.950 euros, al considerar que no debe responder por delitos fiscales, pero sí por malversación y fraude, que son los otros dos delitos por los que fue condenada a pagar y que se le mantienen.

También rebaja la condena al exsocio de Urdangarin, Diego Torres, de ocho años y medio a cinco años y ocho meses de prisión, una pena que también anticipa su probable encarcelamiento, aunque su situación procesal sea diferente a la del esposo de la hermana de Felipe VI.

Esto queda patente en el hecho de que la Audiencia de Palma haya citado hoy a ambos, además de al tercer condenado, el expresidente Balear Jaume Matas, para comunicarles ese ingreso. Al tratase de una sentencia firme, ni siquiera es necesario celebrar una vistilla para escuchar a las partes.

No obstante, Urdangarín podría dilatar su ingreso en la cárcel si recurre al Tribunal Constitucional y consigue que la Audiencia de Palma espere a que ese tribunal decida si admite o no el recurso antes de ejecutar la sentencia y decretar la entrada en la cárcel.

En cualquier caso, aunque lo admitiera a trámite, es poco probable que el Constitucional suspenda el ingreso en prisión dada la envergadura de la condena. 

Solo existen precedentes en este sentido en la jurisprudencia nacional en aquellas causas en las que la pena es inferior a los cinco años, y no es este el caso. De esta forma, el tribunal hará el cálculo, tomará de referencia el total de la condena (cinco años y 10 meses) y no que se limitará a hacer la suma de varias condenas menores.

Algo similar sucederá con Torres en cuanto al ingreso en prisión.