Las ocho autopistas de peaje que actualmente están en riesgo de quiebra comenzarán a caer en causa de liquidación este año si el Ministerio de Fomento no cierra antes el plan de rescate que ha diseñado para estas vías, según el consejero delegado de Ferrovial, Íñigo Meirás. La compañía ostenta una participación mayoritaria en dos de las vías quebradas, la R-4 y la AP-36, ambas con destino a Ocaña. Tiene totalmente provisionados los 270 millones que invirtió en las estas infraestructuras.
En concreto, Ferrovial controla una participación del 55% en el capital de la concesionaria de la autopista radial R-4 Madrid-Ocaña y del 52,3% en el de la Ocaña-La Roda. En ambas casos tiene como socio a Sacyr.
El resto de autopistas en problemas, todas ellas participadas por grandes constructoras, son las otras tres radiales de Madrid, la que une la capital con el aeropuerto de Barajas, la Madrid-Toledo y la Cartagena-Vera.
El ejecutivo de Ferrovial considera que estas autopistas se verán abocadas a liquidación este año, «en función del propio devenir de los plazos de los procesos concursales» en que todas ellas están inmersas.
Según la compañía, Fomento está presentando escritos solicitando el aplazamiento de estos plazos con el fin de contar con tiempo para cerrar el acuerdo con los bancos acreedores de las vías sobre el plan de rescate y la reestructuración de la deuda de las autopistas.
«Pero el acuerdo no llega y, o hay una solución, o van a liquidación», advirtió Meirás, que calcula que al menos cinco de las ocho vías en concurso podrían afrontar un riesgo de liquidación en virtud del avance que presentan sus procesos concursales.
«Nuestro escenario, con la información que tenemos y nuestras expectativas es que de este año no puede pasar», subrayó el consejero delegado de Ferrovial durante un encuentro con la prensa con ocasión de la presentación de resultados de 2014 del grupo.
En un supuesto de liquidación, el Estado tendría que hacer frente a la responsabilidad patrimonial que recogen los contratos de concesión de las infraestructuras, que supondría un importe de unos 4.500 millones de euros.
La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha indicado en recientes declaraciones que su Departamento continúa trabajando en el proyecto diseñado para solucionar la situación de estas autopistas. El plan pasa por integrarlas en una sociedad 100% pública tras pactar con la banca una quita del 50% a la deuda de 3.400 millones de euros que actualmente soportan.
El proyecto está pendiente de lograr un acuerdo definitivamente con la banca, fundamentalmente la extranjera, y no debe suponer coste alguno para el erario público, según Fomento.
El sobrecoste de las expropiaciones de los terrenos sobre los que se construyeron las autopistas y el desplome de sus tráficos durante la crisis constituyen los factores que han ocasionado los desequilibrios de las vías.