La atención a las personas dependientes de la provincia de Toledo es una prioridad para el nuevo ejecutivo regional; según explicó a este diario la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, la mayor prioridad en estos momentos es crear un nuevo marco normativo y de seguridad jurídica para eliminar el vacío provocado por la anulación, el pasado mes de mayo, de la orden 2013 de intensidades y compatibilidad de las prestaciones, y dar salida a los expedientes pendientes de valoración. Y es que la urgencia se basa en poder dotar a la provincia, y al conjunto regional, de una norma «que de solidez a todas las resoluciones de dependencia y la tramitación de expedientes». Sólo así, y con la dotación del personal necesario para agilizar las gestiones, se podrá eliminar la alta lista de espera y el número de personas con dependencia que en la actualidad están en un ‘limbo’ burocrático.
En Toledo los datos hablan por sí solos: de las solicitudes activas registradas por los servicios de la Consejería, 83.585 en toda la región, más de un 28 por ciento se refieren a dependientes de la provincia, concretamente 23.542. El número de beneficiarios totales se cifra en 8.660 personas, de los cuales los más numerosos están enmarcados en la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, con 3.875 beneficiarios. En segundo lugar se encuentra la atención residencial, con 2.703 beneficiarios, seguido de la ayuda a domicilio, 1.692; por detrás, el servicio de teleasistencia con 912 personas atendidas, prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal con 362, prestación económica vinculada al servicio con 789 beneficiarios, centros de día/noche con 441 y, por último, prestación económica de asistencia personal, con 2 beneficiarios en Toledo.
Pero sin duda los datos que más llaman la atención, y que Sánchez califica de «preocupantes», son los de la lista de espera para las valoraciones de discapacidad. Las solicitudes en espera ascienden en la provincia a 2.845, casi la mitad del cómputo global de la región, que se sitúa en 6.143.
Pero además, hay que tener en cuenta a aquellas personas que están en ese ‘limbo’, esperando su programa individual de atención ((PIA) y, por tanto, la adjudicación de prestación, que ascienden a 7.852 demandantes.
Por último, hay que recordar que el 1 julio entró en vigor la nueva orden que acoge como beneficiarios a las personas con dependencia en grado 1, un grado moderado, a las que también se las tiene que dotar de recursos y estudios para asignar prestaciones, y que hasta ahora no estaban recogidas y previstas en ninguna actuación.
prioridad en el presupuesto regional. «Con los mismos recursos humanos y presupuesto en prestaciones es imposible poder atender a todos estos nuevos solicitantes», alega la Aurelia Sánchez respecto a los nuevos demandantes de grado 1 y aquellos aún pendientes de valoración y asignación. La solución pasa por incrementar la dotación para intentar ‘desatascar’ esta situación, que en las condiciones actuales «tardaríamos dos o más legislaturas en dar salida a tantos expedientes».
En pleno proceso de redacción de los nuevos presupuestos regionales, la consejera aboga por estudiar la posibilidad de, una vez valorados los recursos humanos de la dirección provincial y las necesidades globales de los demandantes, dar una «prioridad presupuestaria» para incrementar dichos recursos. «Somos conscientes de que la situación es muy ajustada, pero la cuestión sería darle una prioridad presupuestaria para solucionar el problema. Estamos trabajando en estas propuestas y pensamos que podrá ser posible algún incremento en los servicios de atención a los dependientes, es la única forma de solucionar esta lista tan grande», concluyó Sánchez.