La Organización Impulsora del Discapacitado (OID) pedirá apoyo a los partidos políticos su apoyo para instar al Gobierno a la reforma de la actual Ley del Juego y acabar con el monopolio existente en la actualidad en este apartado.
En nota de prensa, explican que la actual Ley del Juego de 2011 solo autoriza las loterías en España al Estado y a la ONCE, aunque nada impide al Estado designar a otros operadores para la comercialización de juegos que se desarrollen por entidades sin fines lucrativos y con finalidad benéfica.
Sin embargo la Administración niega, de modo sistemático, la entrada a otros operadores no otorgándoles el título habilitante que requiere la ley. En el caso de la Organización Impulsora de Discapacitados (OID) lleva solicitando la oportuna autorización administrativa desde sus inicios, encontrándose la última solicitud en vía Contencioso-administrativa, añaden.
En opinión de Dionisio González Otero, presidente de la Organización Impulsora de Discapacitados, «esta ley que reafirma el monopolio del Estado y de la ONCE, es contraria a los criterios del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de muchos jueces españoles. La legislación del juego en España consolida un monopolio que conculca varios artículos de la Constitución Española (los arts. 7, 9.2, 9.3, 14, 35, 66.2, 81 y 134 entre otros) y contradice la normativa europea (Tratado de Roma y jurisprudencia al respecto)que prohíbe todo monopolio, salvo por razones de «excepción» (salud pública, incitación a gastos de juego excesivos, etc.…), que en España no se dan».
LA OID ha pedido la normalización legal de sus actividades y su control por el Estado en igualdad de condiciones con la ONCE, puesto que el colectivo de Discapacitados españoles es mucho más amplio del que la ONCE puede atender. “No estamos contra la ONCE, defiende Dionisio González, sino a favor de trabajar en igualdad de condiciones.
Por estos y muchos más motivos, la OID ha pedido ya al Gobierno, a través de la Dirección General de Ordenación del Juego, el Ministerio de Sanidad e Igualdad y la Ministra de Empleo y Seguridad Social reuniones para discutir este problema. Además, busca el apoyo de los partidos políticos para mantener reuniones con sus responsables que conduzcan a la derogación o sustancial reforma de la actual Ley de Ordenación del Juego.