El Consejo de Administración del Consorcio abordó, entre los puntos del día, la solicitud del grupo Ganemos de información sobre el acuerdo firmado con los propietarios de la vivienda de la calle Aljibilllos. Edificio que, intervenido en «fachadas, cubiertas y elementos comunes» por el Consorcio, ahora alberga apartamentos turísticos. Este asunto lleva generando en los últimos meses las críticas de los vecinos de un Casco que consideran que el dinero público no debería financiar proyectos con marcado carácter mercantil.
Pues bien, quiso Manuel Santolaya volver a señalar que el objetivo de la institución que gestiona es «que no se nos caiga el patrimonio» de la ciudad a través de un conjunto de intervenciones integradas tanto en la ordenanza de ayudas y subvenciones a la rehabilitación de viviendas como en la línea destinada al patrimonio residencial de Toledo con niveles de catalogación.
Pero puesto que los problemas han surgido por la proliferación de apartamentos turísticos sin una regulación clara -competencia regional-, Santolaya fue explícito al apuntar -ahora que se aprueban las nuevas bases reguladoras «como sucede cada año»-, que ya en las anteriores se recogía («porque los apartamentos turísticos hace más de diez años que llegaron») que, con carácter general, quienes obtengan una subvención del Consorcio estarán obligados -como reza el documento- a «destinar la vivienda rehabilitada a residencia habitual y permanente, propia o de terceras personas. El uso debe ser residencial, no se admiten alquileres turísticos ni usos terciarios (hospedaje, comercio, oficinas, salas de reunión, hostelería, …)».
Además, se exige que deberán «ocuparse las viviendas rehabilitadas en un plazo no superior a los seis meses desde la fecha de finalización de las obras; en el caso de adquisición o compra de vivienda rehabilitada el plazo será de un año». Requisitos que se comprueban por parte del personal del departamento de Vivienda que, acreditó, «todos los días salen a visitar edificios».
De ahí que apreciara que las nuevas bases «cuentan con algunas variaciones no demasiado significativas» como «la eliminación a la referencia del POM por la del Plan Especial del Casco histórico»; que los inmuebles deberán tener una antigüedad mayor 25 años, cuando antes era de de 15 años»; la «desaparición de unión familiar incorporando la de unidad de convivencia»; y el aumento, «en algunos casos, de la ayuda hasta el 75% en las ayudas». Modificaciones, aclaró, «habituales que tratan de adaptarse a los nuevos requerimientos y necesidades».
presupuesto de 3.064.000 euros. Manteniendo el ritmo de presupuesto de años anteriores, y al haber quedado establecido en 3.064.000 euros, sobre el importe reservado en el nuevo ejercicio para el apartado de las ‘famosas’ ayudas a la rehabilitación y como ya viene señalando en los últimos meses, asciende a «700.000 euros», cuantía incrementada -en años anteriores la cifra rondaba los 600.000 euros- por la necesidad de hacer frente al aumento de peticiones de ayuda registrado en los últimos años.
En este capítulo, apreciar que el Consorcio ha invertido 58 millones de euros en la rehabilitación de edificios y viviendas en los últimos 15 años y que son alrededor de 230 las intervenciones de rehabilitación finalizadas al año. No en vano, los técnicos del Consorcio realizan al año más de 800 visitas técnicas a inmuebles del Casco y los vecinos realizan al año una media de 850 consultas.
Sobre la confirmación de que las aportaciones de las administraciones consorciadas no van a variar este ejercicio a pesar de que ya solicitó el gerente, en la anterior Ejecutiva, la conveniencia de aumentarlas, recordar que el Ministerio de Hacienda aporta 1.626.050 euros; la Junta 600.000 euros; la Diputación Provincial 400.000 euros; y el Ayuntamiento 300.000 euros.
Convenios y licitaciones.
En el Consejo de Administración se informó de los principales acuerdos y recepciones realizados por el Consorcio. En este punto, el gerente de la entidad avanzó que están tramitando «con Cristina Iglesias la búsqueda de financiación para volver a abrir los dos espacios» y que están haciendo lo propio para renovar el convenio con los propietarios de la Capilla de San José para que pueda ser visitada.
Sobre los proyectos de intervención a la vista, anunció que «ya se ha firmado el convenio con la Consejería de Cultura» para la cesión del Oratorio de San Felipe Neri que, por ello, y puesto que «parece que tiene poco que adecuar» -aunque «cuando podamos entrar evaluaremos su estado»-, pasará a formar parte de las visitas guiadas gestionadas por la entidad y albergará «exposiciones y apuestas culturales como las Cuevas de Hércules y la Cámara Bufa». Aprovechó, Santolaya, para apreciar que ambos espacios «están ya solicitados hasta febrero de 2020».
También en esta línea de acción, dio cuenta el gerente del Consorcio de que la parte inferior del edificio rehabilitado en la calle Armas será por ellos ‘explotada’ porque han acordado con el propietario «una cesión de 10 años». De ahí que el espacio quedará integrado, «una vez intervenido», en las rutas de patrimonio porque «alberga uno de los torreones de la muralla del Alficén».
También informó de la aprobación de los convenios previos para actuar en el edificio de Sillería 10 -con «una fachada del siglo XVII muy interesante»- y en el convento de las Jerónimas de San Pablo que «posee algunos problemas de estabilidad». A estas obras se unirá el comienzo de la intervención para la instalación de la pasarela en la Ermita del Valle destinada a mejorar la accesibilidad del templo y que, en estos momentos y hasta el próximo día 17, está en información pública.