El uso turístico de viviendas disminuye la población del Casco

J. Monroy | TOLEDO
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Iniciativa Ciudadana apunta además que la mayoría de propietarios utiliza para la rehabilitación de los inmuebles fondos del Consorcio destinados explícitamente para la recuperación de población en el centro histórico

El uso turístico de viviendas disminuye la población del Casco - Foto: David Pérez

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Dormir en pleno barrio templario en un apartamento de lujo para cuatro personas en la cuesta del Pez le puede costar a unos turistas 120 euros el fin de semana, o novecientos todo el mes. Si prefiere un elegante cigarral de 120 metros, tendrá que pagar cien euros por noche. Más barato, de 55 a 65 euros por noche, es un moderno ático en Juan Bautista Monegro, con patio propio. Un apartamento con terraza y vistas al Alcázar en Cuesta de los Portugueses son cuarenta euros. Algunos pueden elegir casas monumentales, dormir junto a roca madre, que les atiendan en Castellano, inglés y ruso y, por supuesto, tener piscina climatizada en pleno Casco en invierno.

Son viviendas particulares que se alquilan en el Casco histórico para uso turístico y que se pueden encontrar sin dificultad en una rápida visita a internet. También las hay en otras zonas de la provincia. Se trata de negocios que durante los últimos días están en el centro de la diana de las críticas tras las quejas de los vecinos de Barcelona y las denuncias de competencia desleal por parte de los hosteleros. En Toledo, suelen ser viviendas de lujo, y aunque Iniciativa Ciudadana no ha detectado disturbios, sí pone el acento en dos situaciones. Por un lado, el alquiler de estos inmuebles a turistas hace que no vengan residentes, y disminuye la población en el Casco. Además, por lo general muchos propietarios han utilizado para su rehabilitación ayudas destinadas precisamente a la repoblación del centro histórico. Por su parte, los hosteleros de la ciudad coinciden con los del resto del territorio nacional en que esta es una práctica de competencia desleal, que además se está incrementando mucho. Junta y Ayuntamiento deberían ponerle coto.

Sin incidentes. Desde Iniciativa Ciudadana, Hilario Alarcón reconoce que hasta ahora, en Toledo no se han dado problemas similares a los ocurridos en Barcelona. Los vecinos sí se quejan, de vez en cuando, de problemas de convivencia con pisos alquilados por estudiantes (por sus fiestas y similares), pero ni mucho menos lo que se cuenta de Cataluña. Entiende el portavoz vecinal que el turismo de sol y playa tiene un perfil muy distinto al que viene a ciudades como Toledo por el momento.

Eso sí, Alarcón reconoce que cada vez son más los apartamentos particulares en el Casco en alquiler para turistas de fin de semana o semanas enteras. Se anuncian abiertamente con sus precios en internet. Hay personas, explica, que se han dado cuenta tras rehabilitar un apartamento de que es más rentable el alquiler turístico por días que el tradicional por meses o años.

Naturalmente, reconoce el portavoz vecinal, todos los apartamentos que se ofrecen en alquiler turístico están restaurados. Muchos tiene subvenciones públicas del Consorcio de Toledo. Y ahí viene el problema, porque se trata de subvenciones públicas que, «en teoría, no solo son para rehabilitar inmuebles, sino para que estos inmuebles sean habitados por familias y ciudadanos que aumenten y formen parte real del vecindario del barrio del Casco histórico». Sin embargo, por unas u otras causas, no es así, se lamenta el portavoz vecinal.

El problema de estos negocios va más allá. Alarcón señala que entre los edificios residenciales que el Ayuntamiento continuamente recalifica para usos hosteleros y turísticos, y este mercado subterráneo alegal, se está impidiendo la recuperación de vecinos en el Casco. Porque  «se convierten viviendas residenciales en pensiones turísticas, y el entramado vecinal de muchas zonas del barrio va desapareciendo, y no es extraño que la población real de residentes en el Casco no pueda aumentar y que vaya disminuyendo año en año». Iniciativa ve por tanto que el carácter urbanístico del Casco histórico como barrio vecinal-residencial, está siendo atacado tanto por la administración pública como por el sector turístico privado. Porque «desde un punto de vista ciudadano y vecinal, un turista de días nunca se implicará por mejorar los servicios de este barrio porque no es un vecino, pero un inquilino tradicional, si lo es».

Cada vez más viviendas. Durante el pasado mes de mayo, el sector hostelero ya alarmó en Toledo sobre el incremento de apartamentos turísticos ilegales. El presidente la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), Juan Molas, mantuvo entonces un encuentro con los profesionales del sector en la provincia de Toledo liderados por Luis González, así como con la directora general de Turismo, Ángela Moreno-Manzanaro, a la que expuso la situación ‘real’ del sector tanto en Castilla-La Mancha como en la capital regional.

Molas alertaba del incremento de apartamentos turísticos que no cumplen con las condiciones mínimas de seguridad y que por lo tanto, están al margen de la ley convirtiéndose en competencia desleal para los profesionales que como explicaba, tributan y rinden cuentas de su actividad empresarial ante la administración.

«Nos preocupa de forma exponencial la oferta ilegal que hay en el conjunto de España», señalaba Molas para añadir que a nivel nacional existen más de 500.000 plazas hoteleras ilegales. «Las administraciones son directamente responsables del cumplimiento de la ley», comentaba.

El presidente de Cehat informó de esta situación a la directora general de Turismo además de invitarla a seguir el ejemplo de otras comunidades, como Andalucía, donde se ha elaborado una normativa para evitar la proliferación de estos negocios turísticos.

En Toledo, no existen datos oficiales sobre el número de inmuebles privados en alquiler, ni su ocupación. La Federación Hostelera se suma a la preocupación y los postulados de la Cehat. Por su parte, González incidió en que estos apartamentos y habitaciones que se alquilan entre particulares con fines turísticos «no sólo suponen una acción ilegal, sino que incumplen normas de seguridad, no pagan impuestos y se saltan la ley de protección de datos». Está convencido de que el Ayuntamiento debe jugar un papel clave en la regulación de esta oferta turística alternativa.