El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo considera que la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJ) desestimando la ejecución provisional de la anulación del Plan de Ordenación Municipal (POM) da «cobertura legal y seguridad jurídica» a todas las decisiones sobre urbanismo que hayan tomado en el pasado, y a las que puedan tomar en adelante, tanto la Junta de Gobierno como el Pleno. De todas formas mantienen abierta la posibilidad de exponer el documento a una segunda información pública siempre que los partidos municipales y la Junta de Comunidades estén de acuerdo.

El concejal de Urbanismo, Javier Nicolás, explicó ayer que el TSJ desestima la solicitud de Ecologistas en Acción porque esta organización no es parte interesada en el POM («no son propietarios ni promotores») y porque el Ayuntamiento valora en 11.730 millones de euros el daño que se puede causar a la ciudad por paralizar el desarrollo urbano.

Según recuerda, el recorrido judicial del POM hasta ahora ha sido de 12 demandas de las que cinco se han desestimado y se han admitido a trámite ocho. De estas, sólo ha prosperado una (que recorta el crecimiento aprobado en San Bernardo) y se han recurrido las otras siete que anulan el documento urbanístico por una cuestión de forma debido a una discrepancia entre la legislación nacional y regional en el trámite de información pública.

Nicolás asegura que ahora todas esas sentencias quedan contestadas globalmente por el fallo del TSJ que remite la resolución final a lo que diga el Tribunal Supremo, donde el Ayuntamiento de Toledo ha recurrido en casación.

«El Ayuntamiento trabaja para dar seguridad jurídica a los promotores y al sector bancario», dice Nicolás, para quien ya no debe caber duda a nadie de que «el Plan de Ordenación está vigente y se tiene que cumplir». En caso contrario, la ciudad no tendría suelo, no construiría viviendas, no podría atraer empresas para crear empleo y sólo crecerían los pueblos de alrededor, recalca.

Sector industrial. Al hilo de esto, el concejal de Urbanismo exige que la Junta de Comunidades adjudique las obras de urbanización del nuevo sector industrial (el de Coca-Cola) que ya ha pasado todos sus trámites administrativos, incluida la reparcelación, y es la gran esperanza municipal para «crear riqueza».

Nicolás recuerda que la urbanización de este PAU industrial está valorada en algo más de treinta millones de euros, que ya tienen seguros 12 millones de Casbega a lo que se añade que el concurso tendrá ofertas con importantes bajas, hasta el 40% (para quedarse en 25 millones), y la operación a la larga resultará «rentable» cuando la Empresa Regional del Suelo (es decir, la Junta de Comunidades) venda el resto del suelo para el que, según vuelve a repetir Javier Nicolás, ya hay empresas interesadas que se han acercado a preguntar al Ayuntamiento.

Desde el punto de vista puramente de competencia municipal, el concejal de Urbanismo recuerda que gracias al POM ya está construido y funcionando el parque comercial La Abadía en que se han creado 700 puestos de trabajo y tienen todos los trámites o están a falta de los últimos pasos los sectores residenciales de la Peraleda y de Pinedo.

Con relación a estos dos últimos subraya que en la fase de concertación no han recibido ningún informe contrario de otras administraciones por lo que no espera que haya problemas de índole arqueológico o patrimonial.

También a la sombra del POM se ha legalizado la urbanización Tres Culturas (includo el hospital)con el premio de dos centenares de viviendas más y se ha aprobado otro pequeño PAU en la Avenida de Francia, en ambos casos, tratándose de desarrollos que quedaron pendientes del plan general precedente.