El consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Francisco Martínez Arroyo, aclaró que lo que dice la polémica instrucción es precisar « a quién hay que dirigirse cuando suceda un delito flagrante en el medio rural, que es a los Cuerpos y Fuerzas del Estado». Señaló que le parece algo «obvio» acudir primero a Guardia Civil y Policía Nacional y que ya en un segundo paso se iría a la Fiscalía. Entiende que ir directamente a este segundo paso es lo que piden desde la Asociación APAM, aunque se encargó de precisar que eso solo es una parte de los agentes ambientales que tiene en la región. «Es una pequeña parte», matizó. Por estos motivos el consejero dio su apoyo a la secretaria general de Agricultura, para la que piden la dimisión desde esta organización. «Por supuesto que respaldo su actuación», insistió. Arroyo señaló que «lo que se viene haciendo desde inicio legislatura es intentar resolver el problema de los ciudadanos en primer lugar y no el de los funcionarios».