La titular de Trabajo, Magdalena Valerio, adelantó ayer que el año que viene el Estado también necesitará algún crédito para hacer frente al pago ordinario y extraordinario de las pensiones, ya que «únicamente con cotizaciones el sistema no se puede mantener». 

«Hay que transmitir confianza, porque el Gobierno no va a dejar de pagar a los pensionistas», subrayó Valerio, tras afirmar que es «incuestionable» que la Tesorería General de la Seguridad Social va a necesitar una inyección de dinero vía Presupuestos Generales del Estado (PGE) para esta partida. 

La ministra aseguró que «puede haber debate sobre si implantar impuestos generales, especiales o ad hoc para pagar las pensiones, pero que se va a necesitar una inyección vía PGE es incuestionable». 

Trabajo informó que con el Fondo de Reserva en 8.061 millones de euros, menos que a cierre de 2017, va a ser muy difícil reorientar «el barco» de la Seguridad Social en un año. 

«Ojalá necesite menos y ojalá pueda mantener algo del Fondo de Reserva de la Seguridad Social», declaró Valerio, tras recordar que las cotizaciones se están incrementando por encima del 5% y asegurar que le gustaría utilizar menos crédito que este año para afrontar el desembolso de las pagas extraordinarias de julio y diciembre. 

En esta línea, el Ejecutivo subrayó que la mejora del empleo «ya supone un punto de partida para la sostenibilidad del sistema, aunque destacó que la realidad muestra que si se crea empleo y es precario, «es insuficiente para revertir el deterioro del sistema». 

Mientras, el secretario de Estado, Octavio Granado, consideró que «lo razonable sería tener en cuenta toda la vida laboral para todos y cada uno de los trabajadores y afiliados» para calcular la cuantía de las pagas en su jubilación.

Tras la reforma de 2011, el plazo se amplió de manera paulatina, en tiempo transitorio, desde los 15 a los 25 años, que se cumplirán en 2022. Por eso, en 2018, el período está en 21 años. Es decir, este es el tiempo de cotización obligatorio que hoy en día tiene en cuenta el Estado para calcular cada pensión.

Asimismo, Granado reconoció que España pierde dinero con la hucha de las pensiones ya que todos los activos financieros del Fondo de Reserva están invertidos en depósitos y deuda pública con unas rentabilidades negativas.