La Real Fundación de Toledo tiene la intención de pedir la ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, refrendada por el Supremo, en el que se declaraba la «ilegalidad substantiva» del edificio que alberga el actual centro de formación de Fedeto, situado en el paseo de la Rosa, y que supone la demolición de al menos una planta del edificio para aproximar «su línea de cornisa al de las construcciones adyacentes», así como corregir volúmenes y ajustar el color de la fachada del polémico edificio a los situados en la zona. El inmueble fue promovido por el Centro de Estudios Empresariales e Informáticos para albergar sus aulas de formación.
La Comisión de Gerencia de la institución cultural ha encargado un informe jurídico a un bufete especializado en materia contencioso-administrativa para ver si existe la posibilidad jurídica de acudir a los juzgados sin ser parte en el anterior proceso judicial para hacer que se cumpla la sentencia de julio de 1993 dictada por el Tribunal Superior de Justicia y que fue refrendada por el Supremo en noviembre del año 2000. Catorce años, por tanto, en los que no se ha hecho nada y en los que el inmueble afectado ha cambiado de titularidad, ya que fue adquirido por la patronal toledana.
Aunque la Real Fundación no acudió en su día a los tribunales, si tuvo un papel protagonista en el conflicto. Y es que fue la encargada de denunciar en 1990 ante la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Comunidades y ante el Ayuntamiento de Toledo que la sede que levantaba el por entonces Centro de Estudios Empresariales e Informáticos (Ceisa) dañaba el entorno del Castillo de San Servando puesto que contravenía lo dispuesto en la Ley de Patrimonio Histórico Español en relación a la protección de los Bienes de Interés Cultural con categoría de Monumento y Conjunto Histórico.
A raíz de esta denuncia, la Dirección General de Cultura de la Junta de Comunidades dictó tres resoluciones. En la primera de ellas, de fecha 14 de diciembre de 1990, ordenaba la paralización de las obras realizadas en el paseo de la Rosa número 4 de Toledo. En la segunda, de 8 de mayo de 1991, declaraba la “ilegalidad substantiva” de la edificación y en la tercera, de 24 de julio de 1991, en donde apercibía a Ceisa de que, en caso de que no subsanara los defectos detectados en el proyecto por iniciativa propia, iniciaría el procedimiento de ejecución subsidiaria mediante la demolición de cuantos elementos hicieran falta para recuperar la legalidad cultural dañada.
Asimismo, el 28 de febrero de 1992, la Consejería de Educación y Cultura emitió una resolución en la que imponía al Ayuntamiento de Toledo una sanción de 5 millones de pesetas por el otorgamiento de la licencia de obras a este polémico edificio, multa que anuló el Tribunal Superior de Justicia. La Junta de Comunidades también impuso una multa de 25 millones de pesetas al Centro de Estudios Empresariales e Informáticos, en la figura de su representante, y otra de 15 millones al arquitecto director de las obras. El TSJ estimó en parte el recurso presentado por este último y redujo la sanción impuesta a un millón de pesetas y rechazó por extemporáneo el presentado por Ceisa. El Supremo en sentencia de 25 de junio de 2001, mantuvo también en su literalidad la sentencia del TSJ en cuanto a las sanciones impuestas.
Desde esas fechas, ambas sentencias son papel mojado. Por eso, la Real Fundación quiere recuperar la iniciativa y ver si todavía pueden forzar judicialmente su cumplimiento, pese a que nunca estuvo personada directamente en este largo proceso judicial, que puede abrir un nuevo frente entre Fedeto y la Real Fundación tras la paralización de la Vega Baja.