El colectivo ‘Manos Limpias’ presentó el pasado martes su querella contra el fiscal jefe de Talavera, Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, y la ha ampliado a la magistrada Cristina Peño y su marido, el abogado Santiago Ramos, en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJ-CLM). Esta demanda, se produce a raíz de la presentada el pasado mes de junio por el juez decano de Talavera, -a la vez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2-, Fernando Presencia Crespo, en la Fiscalía Anticorrupción.
La presentación de esta demanda, elaborada por la abogada Teresa Bueyes, acusa a los demandados de la presunta comisión de delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y contra la ordenación del territorio, ante la supuesta existencia de una «trama urbanística» en el término municipal de Pepino, más concretamente en la urbanización ‘El Gran Chaparral’.
En la querella, a la que ha tenido acceso este diario, el sindicato de funcionarios hace referencia a la presentada por el juez Presencia y explica la «urgencia» de su presentación tras la «solidaridad» del fiscal jefe de Toledo, Luis Ibáñez, «con su colega de Talavera a través de un comunicado». En ella, habla de las «actuaciones siempre polémicas» del Fiscal Jefe Andrade y un «entramado de corrupción que trata de encubrir su participación en los hechos delictivos» mencionados, al ser propietario, indican, de uno de las parcelas- y que fue denunciado ya en 2007 por el entonces candidato popular a la Alcaldía de Pepino, Francisco Sánchez Gil.
El terreno en cuestión fue subastado y adjudicado a la empresa Hervasán Arquitectura y Construcción S.L., propiedad de un ex alcalde socialista, y «tras un sospechoso concurso público», en sociedad con otras dos personas, una de ellas un subinspector de Hacienda, explican. Todas, querelladas posteriormente por el delito de estafa ya que sólo se permitía la construcción de viviendas de protección oficial y no de renta libre como habían vendido. Además, esta recoge que la CHT exige una servidumbre de policía de 100 metros respecto del arroyo Berrenchín que pasa junto a los terrenos adquiridos.
La querella recoge además el «interés» del fiscal jefe por seguir con el caso y proceder a su archivo, «ocultando maliciosamente» que él estaba interesado en una de las parcelas afectadas «e incumpliendo así la obligación que tenía de abstenerse». Además, asegura que su chalé está construido dentro del lecho fluvial en contra de la prohibición de la CHT.
En cuanto a la ampliación de la querella contra la magistrada Cristina Peño, titular del Juzgado de lo Penal 3 de Toledo con sede en Talavera, y Santiago Ramos, abogado y marido de la jueza, habla de una «hoja de ruta variante de las anteriores» con casos «fantasma» que finalmente se archivan en un entramado en el que participan los tres demandados.
TSJ-CLM. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, una vez recibida la querella en nombre de Manos Limpias contra el fiscal jefe de Talavera, Ángel Demetrio de la Cruz, ha dado cinco días al sindicato para «acreditar la personalidad jurídica de la entidad querellante y la capacidad procesal de la misma para la interposición de la querella». Según ha informado el Alto Tribunal en un comunicado, se solicita además a Manos Limpias identificar a la persona y órgano de la persona jurídica que ha tomado la decisión de interponer la querella y que justifique que cuenta con capacidad de acuerdo con sus estatutos para dicha decisión. Asimismo, pide la presentación de poder especial, necesario para la interposición de la referida querella. En caso de que cumpla el plazo y no se cumpla este requerimiento, podría dar por archivada la causa.