El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, advirtió ayer de que el coste de no tener un Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en España podría derivar en un encarecimiento de hasta el 30% en la factura de la luz.
En declaraciones a Europa Press, Soria aseguró que si no se pone en marcha el ATC se deberá detener toda la producción eléctrica nuclear que hay en España, que es un 20%, lo que «encarecería entre un 25 y un 30% el precio de la factura».
Así, Soria subrayó que el ATC es un almacén tanto para los residuos nucleares que se generan como para los que deberán volver de Francia en 2018, año para el que es necesario una solución, ya que el coste de su envío al país galo es de 22 millones al año.
Además, el titular de Industria señaló que el objetivo de la Junta de Castilla-La Mancha con su decisión sobre la protección medioambiental de los terrenos para la instalación del ATC en Villar de Cañas (Cuenca) es «única y exclusivamente hacer ruido», ya que va «en contra de los intereses de los castellano-manchegos, del municipio y de todos los municipios que están en los alrededores, ya que este es un proyecto que genera actividad».
Asimismo, recordó que este proyecto, que supondrá una inversión de 900 millones de euros, era del anterior Gobierno socialista, «con muy buen criterio», y fue de los temas que su antecesor en el cargo, Miguel Sebastián, le pasó como una de las cuestiones «totalmente cerradas». «El Gobierno socialista tuvo buen criterio cuando se embarcó en este proyecto y ahora al final, cuando ya está el proyecto, el mismo partido viene y dice que ahora no. Esto es muy poco serio», añadió al respecto.
Soria destacó que, una vez que se cuenta con el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) al emplazamiento en Villar de Cañas, ahora el siguiente paso es la declaración de impacto medioambiental del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. «Solamente cuando haya esa declaración y sea favorable, entonces el Ministerio procederá a aprobar la autorización del ATC», dijo, añadiendo que este proceso podría completarse «a lo largo de los próximos meses».
El ministro defendió por la mañana en una entrevista en televisión que la instalación del Almacén es necesaria en España pues «el 20% de toda la electricidad que se genera viene directamente de las 8 centrales nucleares que tenemos». Además, recordó que el CSN sí ha comunicado que el terreno escogido es idóneo pero que la instalación «debe cumplir ciertas características». «Es un procedimiento reglado, no es que el Gobierno pueda hacer lo que le venga en gana o no», aclaró el titular de Industria.
Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, se mostró convencido de que el Estado sigue teniendo competencia para autorizar el primer permiso del proyecto de construcción de un cementerio nuclear (ATC) en la localidad conquense de Villar de las Cañas, pese al anuncio de la Junta de Castilla-La Mancha de ampliar la protección natural de la zona para impedir el proyecto.
«Habrá que estudiar si tiene relevancia y tiene coherencia ampliar la Red Natura en ese espacio, pero, en todo caso, el Estado, en la legislación actual tiene competencias para conceder excepcionalmente algunas licencias cuando hay una causa de interés general que supera las competencias de una comunidad autónoma», aseguró.
Según indicó el ministro, esa posibilidad existe dentro de la actual legislación, aunque reconoció que, para llevar a cabo esta medida «tendrá que ser objeto de análisis, de estudio y de valoración» con el fin de determinar «cuál es el interés superior que pudiese concurrir en este caso».
Catalá defendió que, aunque parece que la decisión de la Junta de «utilizar una declaración medioambiental» para paralizar el ATC «puede estar dentro su ámbito competencial» el proyecto de construcción del cementerio nuclear «tiene que ver con la protección a los ciudadanos en el tratamiento de residuos nucleares».
«Si cada administración actúa dentro del ámbito de sus competencias lógicamente no hay inconvenientes -declaró-. Pero también, a veces, los objetivos medioambientales no pueden estar alejados del resto de objetivos de la actividad económica o los que tienen que ver con la protección a los ciudadanos en el tratamiento de residuos nucleares. Hay que ponerlo todo en su conjunto».