Javier D. Bazaga | madrid
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Los magistrados de la sección Cuarta de la Audiencia Nacional no dejan lugar a duda cuando ven «claros indicios de entregas en efectivo de un montante de 200.000 euros por parte de Luis Bárcenas al gerente regional del Partido Popular de Castilla-La Mancha». Un dinero que, según expresan en el auto que se publicó ayer, «al parecer tenían su origen en Sacyr Vallehermoso y estaban supuestamente destinadas a subvenir los gastos de la campaña electoral del Partido Popular en las elecciones autonómicas de 2007».
Se trata de un extracto del auto emitido desde la Audiencia Nacional que pone de nuevo en el punto de mira el contrato de basuras que el Ayuntamiento de Toledo firmó con la empresa Sufi -hoy Valoriza y perteneciente al grupo Sacyr-Vellehermoso-, en enero de 2007 para la «explotación del servicio público de recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y transporte en régimen de concesión administrativa». Un documento que apunta a que ese pago por parte de Luis Bárcenas al gerente José Ángel Cañas, «que firmó los recibos de entrega», se hizo como contraprestación a la concesión de ese contrato y que fueron destinados a cubrir los gastos de la campaña electoral autonómica de María Dolores de Cospedal en aquel año.
Con esta resolución de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, los magistrados avalan la decisión del juez Pablo Ruz, anterior instructor del ‘caso Bárcenas’, de derivar las diligencias a los Juzgados de Toledo. «Con tan contundentes indicios», expresión que maneja el auto, consideran apropiada la formación de una nueva pieza separada y la «inhibición acordada en favor de los Juzgados de Toledo».
Las argumentaciones acerca de esa «inhibición acordada» se hacen «atendiendo al criterio territorial y a la desconexión de los hechos acaecidos en Toledo» ya que, prosigue el razonamiento, fue en esta ciudad y «en el seno de su Ayuntamiento» donde se formalizó el contrato.
Los imputados. De esta forma, será en las instalaciones de la calle del Marqués de Mendigorría donde se formalizará la pieza denominada ‘Expediente Servicio Limpieza Toledo’ y que «se encabezará con testimonio de la presente resolución y se continuará con testimonio de los particulares que resulten afectados por los hechos», reza el texto y entre los que están como imputados el entonces tesorero de la formación política y concejal en el Ayuntamiento de Toledo Lamberto García Pineda, el gerente y supuesto receptor de los 200.000 euros José Ángel Cañas, el anterior alcalde de la ciudad José Manuel Molina, y Luis del Rivero como máximo responsable de Sacyr, aunque la causa se extenderá hasta su sucesor en la Presidencia de la compañía, Manuel Manrique.
Tanto Molina como García Pineda declararon el año pasado ante el juez Pablo Ruz en la sede de la Audiencia de la calle Prim de Madrid. El exalcalde aseguró tras poco más de una hora de interrogatorio en noviembre de 2014 que «no he adoptado ningún acuerdo ilegal y no he cobrado una comisión en mi vida» y se mostró satisfecho por haber podido dejar «claramente expuesta mi inocencia absoluta en aquellos casos que se me quieren imputar».
Por su parte García Pineda, que acudió al tribunal hace ya once meses, negó tener conocimiento alguno de ese pago de dinero alegando que su labor como tesorero del PP de Castilla-La Mancha, cargo que ocupó entre los años 2004 y 2008, era una «figura decorativa y sin funciones ejecutivas».
Por otro lado, los magistrados de la Audiencia han vuelto a rechazar la imputación del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; de la secretaria general del Partido Popular (PP), Maria Dolores de Cospedal; y de sus antecesores en el cargo, Ángel Acebes y Francisco Álvarez Cascos, en la causa en la que se investiga la ‘caja B’ de la formación, al considerar que la investigación no ha determinado su «intervención o interferencia» en las conductas penales atribuidas a los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta y consideran que se han detallado «hasta la saciedad» los indicios delictivos atribuidos a estos dos últimos.