Una de las empresas vinícolas más reconocidas de la provincia, Bodegas Martúe de La Guardia, pasa por serios apuros económicos para atender pagos a sus acreedores. Así cabe entender la reciente convocatoria de una Junta Extraordinaria de Accionistas de esta sociedad. Según se recoge en el punto quinto de su Orden del Día, publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, esta asamblea deberá decidir sobre la «ratificación de la presentación ante el Juzgado de lo Mercantil de Toledo de la comunicación a la que se refiere el artículo 5 bis de la Ley Concursal». Esta comunicación es lo que comúnmente se denomina como ‘preconcurso’, por la cual una empresa en situación de insolvencia tiene la facultad de comunicarla al Juzgado de lo Mercantil para que se le conceda un plazo de cuatro meses para renegociar sus pagos con sus acreedores.

En caso de no alcanzar un acuerdo, la compañía queda obligada a acogerse al concurso de acreedores, quedando la empresa bajo control del Juzgado de lo Mercantil a través de un administrador concursal. El Juzgado, teniendo en cuenta los interesas de la empresa deudora y sus acreedores, serán el que tenga la última palabra sobre su continuidad.

El trámite de ‘preconcurso’ fue introducido en la Ley Concursal -que rige las antaño conocidas como suspensiones de pagos- en la pasada legislatura, con el fin de favorecer cierta protección judicial a una empresa con apuros para que pudiera negociar con sus acreedores antes de verse abocada al proceso concursal. Esta protección ha quedado reforzada tras su reforma a través del Real Decreto de medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial, aprobado por el Gobierno de España el pasado mes de marzo. Con la última modificación, se  señala que durante la vigencia del ‘preconcurso’ no podrán iniciarse embargos judiciales de bienes que resulten necesarios para la continuidad de la actividad de la compañía deudora. Las ejecuciones de dichos bienes que estén en tramitación quedan suspendidas.

relevo en la dirección. En otros puntos del Orden del Día, anunciaba el relevo del Consejo de Administración de la Compañía por uno o dos administradores, demandada planteada por la sociedad accionista Campo Martuela.

Y a petición de varios consejeros también se han pedido  informes al consejero delegado y presidente, Fausto González Borrego sobre por qué no se han formulado las cuentas correspondientes al año pasado y cuál es la situación económica de la compañía.

En este sentido, no se descarta «el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra los administradores de la sociedad», medida que busca que estos administradores resarzan a los socios de las pérdidas provocadas por su gestión si se prueba que ésta es  ilícita o culpable, tal y como recoge la Ley de Sociedades de Capital.

relevo en la presidencia. No obstante, el consejero delegado al que se le piden los papeles ya no es tal. El pasado viernes,  la propia Martúe informaba en un comunicado del relevo en la cabeza de la empresa. Jorge Cutillas, ha sido nombrado presidente por el Consejo de Administración, asumiendo también las funciones de González Borrego como consejero delegado. El nombramiento, ratificado con presencia notarial, otorga a Cutillas amplios poderes en la gestión de la Bodega.

En la misma reunión, celebrada el lunes, los consejeros de Bodegas Martúe acordaron encargar una ‘auditoria forensic’ para la revisión a fondo de la contabilidad.