Los juzgados de Toledo están viviendo situaciones muy curiosas desde la entrada en vigor de las tasas judiciales. Muchos abogados acudieron al Palacio de Justicia el día antes de su puesta en marcha con montones de carpetas de demandas para evitar el pago. Se están presentando demandas sin la tasa «por si cuela», una de las opciones «con mayor éxito», según apuntó ayer el juez decano de Toledo, Juan Ramón Brigidano. Pero también se ven casos de ciudadanos que pagan religiosamente lo que toque según esta norma y abogados que adjuntan un escrito en el que dejan claro su oposición a estas cuantías y la posible inconstitucionalidad de la medida.

Por tanto, se está dando «una miscelánea judicial» preocupante para los profesionales de la Justicia y una «falta de información general» que afecta, sobre todo, al ciudadano a pesar de que la  Ley 10/2012, 20 de noviembre, entró en vigor hace poco más de dos meses. Si bien, hubo que esperar algunas semanas más para que el cobro se hiciera efectivo porque no se habían elaborado los impresos de liquidación.

«El fin de semana posterior a la aprobación de la tasa no vino nadie al juzgado a pesar de que la jurisdicción penal no lleva tasa», explicó ayer Brigidano durante su intervención en la mesa redonda del seminario jurídico, organizado por la escuela de negocios ‘Esede Business School’, celebrado en el Palacio de Benacazón.

El juez decano aseguró que aún es pronto para valorar los efectos de esta ampliación de tasas judiciales, pero aún así, los juzgados están siendo testigos de la desinformación, de la difícil situación económica de los litigantes o, sin ir más lejos, de las dudas que aún mantienen los jueces y los secretarios judiciales respecto a determinados aspectos de la norma, como la posibilidad del pago fraccionado de las tarifas, propuesta descartada por el Ministerio de Justicia.

«Un ciudadano presentó una demanda de concurso de dos folios justo antes de que entraran en vigor las tasas cuando los concursos están exentos», comentó Brigidano tras apuntar también que esta ley ha suprimido la cuantía que se cobraba para esos concursos de acreedores. Además, se ha encontrado con el caso de algún ciudadano que no se opone a pagar la tasa, pero pide tiempo para hacerlo «porque no tiene dinero».

Por otra parte, a Brigidano también le preocupan otras cuestiones relativas a los plazos de la apelación, ya que se complican cuando se debe subsanar un error relacionado con la tasa, y a los asuntos relacionados con la familia, concretamente en el tema de la guarda de menores e incapaces por «los problemas económicos de mucha gente».

actividad judicial. No es la primera vez que el juez decano emite su opinión sobre las tasas judiciales y ayer volvió a dejar claro la existencia de «pretensiones abusivas y disparatadas en las tasas». Yaunque recordó que la Justicia convivía con ellas desde hace años su extensión está dificultando y «dejando fuera a personas con problemas económicos». En este sentido, reiteró el carácter «recaudatorio y disuasorio» de la medida, pero esa supuesta «bajada de litigiosidad» que pretende el  Ministerio de Justicia no soluciona los problemas y las carencias que arrastran los juzgados.

Por este motivo, el juez decano también aprovechó su participación en la mesa redonda para resumir la gran carga de trabajo que soportan los juzgados de la capital, la falta de inversión del Ministerio de Justicia para crear órganos y ampliar plazas para jueces y el «deterioro» de una administración que sólo pretende «ofrecer un servicio de calidad». En   esta ocasión, le acompañaron Javier Díaz Revorio, catedrático de Derecho Constitucional de la UCLM, Juan Carlos Ortiz, profesor de Derecho Procesal y Belén Campos, socia del bufete Romo &Campos

Por otra parte, Brigidano señaló que el Juzgado de lo Mercantil «lleva la carga de tres juzgados», igual que los de lo Social, entre otros, según las directrices del Consejo General del Poder Judicial en cuanto a los baremos orientativos que dicta para racionalizar el trabajo diario. «Es cierto que los jueces deberíamos trabajar menos y con mayor calidad», pero considera que el Ministerio de Justicia no ha optado por el mejor camino porque «la mejora de la Justicia debería hacerse por equiparación a los ratios europeos».