La tramitación de un proyecto residencial en Santa Teresa valorado en más de 13 millones de euros que, además, serviría para abrir una calle de conexión entre las avenidas de América y la de Carlos III, ha quedado aparcado por la dudosa viabilidad económica que implica desenredar el lío de propiedades al que está sometido el terreno. La propuesta del Plan de Reforma Interior (PERI) fue presentada por la constructora Cotolma en mayo de año pasado y se compone de 87 pisos distribuidos en cuatro bloques de cinco plantas, 1.245 metros cuadrados para locales comerciales y la ordenación urbana con un nuevo cruce de calles y un espacio libre. También se contabiliza la creación de 196 plazas de aparcamiento en superficie.
Las cifras del proyecto establecen una inversión de 7,9 millones de euros para la construcción sobre rasante (residencial más comercial), 1,3 millones para la construcción bajo rasante y otros 3 millones para las dotaciones (jardines y viales). A estas cantidades hay que añadir una liquidación por el impuesto de construcciones de cerca de medio millón de euros y el Ayuntamiento también recibiría el 10 por ciento de las cesiones obligatorias valoradas en algo más de seiscientos mil euros.
Fuentes municipales indican que el proyecto es «bueno para la ciudad» porque permitiría completar un extremo de Santa Teresa que ha quedado vacante como consecuencia de los pleitos emprendidos para clarificar su propiedad. En este caso Cotolma actúa como agente urbanizador, por lo tanto ajeno a los litigios, interesado en poner en valor el terreno a cambio de entregar a cada parte lo que le corresponda.
En el mismo anuncio de información pública al que fue sometido el PERI se da cuenta de al menos tres propietarios privados que acapararían el 95% del terreno a los que habría que añadir el propio Ayuntamiento de Toledo cono tenedor de 777,95 metros cuadrados.
Hipoteca. Sin embargo la realidad es bastante más compleja ya que la ciudad es también propietaria de una hipoteca que pesa sobre el terreno obtenida por medio de una permuta realizada a Caja Madrid en 1997 (con Agustín Conde de alcalde) y que en origen estaba valorada en cerca de dos millones de euros pero en la actualidad sobre pasa los tres millones y medio según unas fuentes y los 8,8 millones de euros según otras.
De hecho para defender sus intereses el Ayuntamiento ha emprendido acciones judiciales contra todas las mercantiles implicadas a lo largo de estos años a través de sucesivas operaciones de compraventa.
Por otro lado Caja Madrid sigue teniendo parte activa en el problema ya que el Ayuntamiento le ofreció el pago con un terreno en La Bastida que ha entregado y un local comercial en el barrio residencial de la Vega Baja que, tras su anulación política, deberá ser sustituido por otro barrio de los nuevos desarrollos incluidos en el Plan de Ordenación Municipal con el agravante de que mientras la operación no quede completa los intereses siguen sumando.
Hay que recordar que la Junta de Gobierno aprobó hace dos semanas solicitar a Caja Madrid la prorroga «hasta el 17 de febrero de 2016» debido a que lo consideran «tiempo estimado suficiente en orden al cumplimiento de las obligaciones» adquiridas al comprar la hipoteca.
El argumento en el que se escuda el actual equipo de Gobierno consiste en que «la no materialización total» del acuerdo firmado en 1997 «estriba en dificultades ajenas a este Ayuntamiento».