Más de 162 millones de euros es el ahorro estimado «a medio plazo» que se obtendría de suprimir las cinco diputaciones provinciales de Castilla-La Mancha. Es la conclusión a la que ha llegado la Fundación ‘¿Hay Derecho?’, que ha elaborado un estudio sobre el coste y utilidad de las diputaciones, en base al análisis de las 38 diputaciones de régimen común y sus presupuestos de ingresos y gastos del ejercicio 2015. 162,3 millones de los 1.230 que supondría la extinción de estos organismos a medio plazo a nivel nacional.

Ese «medio plazo» se refiere a la integración de servicios que prestan las diputaciones y otros organismos que permitiría eliminar duplicidades, la «racionalización» de las políticas públicas a realizar, y la eliminación del «sobrecoste en la gestión de las diputaciones ocasionado por el clientelismo y la corrupción».

La campaña electoral y la irrupción de los nuevos partidos, con muy poca presencia de voto en el ámbito rural, han vuelto a poner sobre la mesa la utilidad de las diputaciones y su función. El acuerdo para un gobierno «reformista y de progreso» suscrito a finales del pasado mes de febrero entre PSOE y Ciudadanos contemplaba la «supresión de las diputaciones provinciales de régimen común y creación de consejos provinciales de alcaldes para la atención al funcionamiento y la prestación de servicios de los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia respectiva». Una propuesta que ha sido muy contestada en el Partido Popular que defiende su función en los territorios más dispersos y despoblados del país.

El modelo que utilizan los autores del estudio que se presentó ayer en Madrid, Jaime Castellano y Rafael Rivera, consiste en una aproximación en base al cálculo de la eficiencia en el que se tienen en cuenta el coste del personal de las Diputaciones, los gastos corrientes y las transferencias corrientes eliminando las ayudas directas a la ciudadanía.

Con estas variables, Guadalajara es la provincia de la región más eficiente con un gasto de 126 euros por habitante, ocupando el puesto número 12 en el listado nacional de eficiencia, por lo que esta provincia podría ahorrar 26,6 millones de euros si eliminara su diputación. La segunda provincia en eficiencia de la región, y número 17 en el país, es Toledo con un gasto medio de 135,5 euros por habitante, aunque es la provincia que menos ahorraría de Castilla-La Mancha si suprimiéramos la diputación: 10 millones de euros.

Ciudad Real, que gasta 138,4 euros por habitante, es la provincia de la comunidad que más ahorraría al Estado, casi 64 millones de euros, seguida de Albacete (40,3 millones), que gasta 196,2 euros por habitante. Cuenca es una de las provincias menos eficientes, según el informe, ocupando el puesto 32 de las 38 de régimen común, ya que gasta 216,1 euros por habitante. La supresión de su diputación supondría un ahorro de casi 21,5 millones de euros.