u trabajo no tiene proyección pública y apenas se conocen sus necesidades, pero los forenses comparten con el resto de los profesionales del ámbito judicial distintas carencias que dificultan su  labor diaria desde hace muchos años. En la memoria anual del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha del año 2017, publicada hace unos días, se refleja la situación y sirve de guía para que el Ministerio de Justicia escuche sus demandas, algunas de ellas de carácter histórico, para mejorar la respuesta y adecuar la carga de trabajo.

En esta ocasión, «se considera urgente el aumento de la RPT de médicos forenses y psicólogos forenses en la provincia de Toledo» debido al aumento de reconocimientos en violencia de género, «a los que debería estar dedicado en exclusiva, al menos, un médico forense en cada provincia», y su intervención en los levantamientos de cadáveres, ya que se han delegado en estos profesionales tras la reforma del artículo 778 de la Ley de Enjuicimiento Criminal.

Por tanto, se solicita al Ministerio de Justicia un aumento de personal, ya que actualmente la plantilla está compuesta por 14 forenses, «para afrontar la elevada carga de trabajo y tener una ratio entre población y profesionales similar a la que tienen otras provincias». Con estas mejoras se evitaría también quejas por parte de algunos partidos judiciales, como ocurre en Illescas, «por la falta de presencia permanente de un forense» a pesar de la necesidad.

Esta memoria relativa a la actividad del año pasado apunta que la sección de patología forense realizó 316 autopsias, realizó 714 exámenes relacionados con la violencia en el ámbito familiar, atendió a 4.372 lesionados, reconoció en el ámbito psiquiátrico a 744 personas y a otras 53, en todos los casos menos en uno fueron mujeres, por delitos contra la libertad sexual, entre otros.

Además, el TSJ también considera «prioritario e imprescindible» que se mantenga la situación de refuerzo actual de la tramitadora procesal de la delegación del Instituto de Medicina Legal en Talavera de la Reina para que no se produzca «una gravísima alteración en la organización», aunque lo más lógico sería, conforme se detalla en el documento, que se consolidara esta plaza.

Al margen del personal, el Insituto de Medicina Legal plantea la escisión con el de Ciudad Real, ya que se trata de «ambito biprovincial» con el objetivo de que se cree uno en Toledo y otro en Ciudad Real para acabar con la compleja gestión que acarrea una sola sede para ambas provincias. En este caso, «resulta irracional que el jefe de servicio de patología, con sede en Ciudad Real, tenga que controlar las autopsias que se realizan en las delegaciones de la provincia de Toledo». Un ejemplo de otros muchos que ilustra las complicaciones que se producen en la gestión y control de las actuaciones forenses.

Además, se trata de una propuesta que cuenta con el respaldo unánime del Consejo de Dirección del Instituto de Medicina Legal y no acarrea «un coste significativo adicional» para la administración de Justicia, pero ayudaría a mejorar la coordinación de los distintos servicios. Por tanto, para que la medida  pueda encajar en los planes ministeriales se alude a la posibilidad de mantener un único laboratorio como servicio común para garantizar la rentabilidad.

el edificio. La memoria del TSJ también recuerda que el Instituto de Medicina Legal de Toledo «continúa a la espera de su futura y necesaria construcción» debido a las «deficientes condiciones» de las sedes actuales por falta de un edificio que aglutine distintos servicios. El proyecto se contempló hace años, pero la llegada de la crisis económica lo desdibujó a pesar de que ya se contaba con unos terrenos en la calle Dinamarca cedidos por el Ayuntamiento de Toledo en un plazo de 75 años.

Esta histórica petición continúa en el aire y a la espera de que se vuelva a incorporar en uno de los proyectos de los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, la construcción de este edificio, que podría costar tres millones de euros según se presupuestó en su momento, sigue siendo improbable para el Ministerio de Justicia pese a que los forenses de Toledo continúan practicando autopsias en las dependencias del cementerio municipal «con los medios mínimos necesarios» y sin equipos de extracción de aire «para evitar riesgos de contagio» durante la actividad.