La renta garantizada que promueve Podemos dentro del Gobierno regional tendrá un coste que rondará entre los 12 y los 18 millones de euros para el año que viene. La consejera que coordina el Plan de Garantías, Inmaculada Herranz, expuso esta mañana que esa partida presupuestaria variará en función del mes en el que se implante.

Ya se pueden hacer estos cálculos porque el segundo borrador de la Ley de Garantías, que se acaba de publicar, concreta qué castellano-manchegos tendrán derecho a tener unos ingresos garantizados. Herranz explicó que en el tramo 1 entrarán aquellas familias que no lleguen al 70% del salario mínimo interprofesional (unos 600 euros). Primero se intentará que uno de los integrantes de la familia acceda a un puesto de trabajo con los planes de empleo de la Junta, que consisten en subvencionar a los ayuntamientos la contratación de manera temporal de parados de larga duración.

Aquellas personas que no puedan acceder a un empleo sí recibirán una ayuda económica para que la renta de la unidad familiar lleguen a esos 600 euros. Si perciben ingresos, se les proporcionará la cantidad restante hasta llegar a esa cifra de los 600 euros. En caso de que no tengan ningún ingreso, cobrarán una ayuda total de 600 euros.

Además esas personas del tramo 1 también tendrán derecho a las Garantías Ciudadanas Complementarias, más vinculadas a la prestación de servicios  de Educación, Vivienda o itinerarios de Inclusión Socio-Laboral.

La Ley de Garantías recoge otro tramo de destinatarios, el tramo 2, para familias que tengan ingresos entre el 70% y el 130% del salario mínimo interprofesional. Estos castellano-manchegos no podrán entrar en el circuito de rentas garantizadas, pero sí accederán a las prestaciones complementarias de Educación, Vivienda, etc.

Como muchas de estas medidas ya están en marcha, incluyendo también los planes de empleo, Herranz expuso que tampoco habrá que hacer un gran desembolso para garantizar las rentas a un número aproximado de 24.000 castellano-manchegos. En sí, la ayuda llegaría a 90.000 beneficiados, pues de una subvención se beneficia toda una familia. Herranz calcula que esos 12 o 18 millones solo representan entre el 0,15 o 0,20% del presupuesto de la Junta. «Esta ley vale mucho más de lo que cuesta», recalcó.

Aunque la partida no representaría mucho, la normativa «tiene que estar presupuestada», como recalcó ayer el vicepresidente segundo, José García Molina, que acompañó a Herranz para presentar este segundo borrador. Y aquí viene uno de los posibles problemas. La tramitación de los presupuestos regionales para 2019 está en duda -así lo ha dejado caer el propio presidente- a expensas de ver qué ocurre a nivel estatal con el margen de estabilidad presupuestaria. García Molina entiende que Page espere porque de Madrid podrían llegar 200 millones más. Ahora bien, reconoce que no contempla siquiera la posibilidad de llegar a fin de año y tener que prorrogar los presupuestos de este 2018. «Me parecería un error», apuntó.

Este segundo borrador ya se puede consultar en la web de la Consejería del Plan de Garantías. Incluye buena parte de las 60 aportaciones hechas por las organizaciones sociales, sindicales y de vecinos.

Los reparos de Page a la Ley no han llegado a Podemos

Hace menos de una semana, en el desayuno informativo de La Tribuna, Page puso algunos reparos  a la Ley de Garantías de Podemos. Rechazó la idea de una «barra libre» que puedan percibir todos los ciudadanos y propone que esa ayuda se vincule «a la posibilidad de encontrar un trabajo y a las ganas de encontrarlo». Sin embargo, esos reparos manifestados públicamente por Page no parece que hayan llegado a Podemos en sus reuniones en el seno del Gobierno.

«Inmaculada y yo estamos en el mismo Consejo de Gobierno de Page y jamás he escuchado una cosa parecida», trasladó ayer García Molina a los medios de comunicación, «nosotros tenemos muy claro y creo que lo acabamos de explicar cuál es el espíritu de esta ley y creo que ha quedado suficientemente claro cuál es nuestro compromiso».

Aunque la normativa vaya por su segundo borrador, el Consejo de Gobierno, integrado por PSOE y Podemos, todavía no se ha tenido que pronunciar sobre el texto. Lo tendrá que hacer luego dos veces, la primera para aprobar el anteproyecto y mandarlo al Consultivo y la segunda para aprobar la ley como proyecto y remitirla a las Cortes.