Al respecto el vicario general de la Archidiócesis, César García Magán, considera que si, finalmente esta medida del Ejecutivo central se materializa, sería "injusta" con los fieles católicos pues en España son varias las organizaciones e instituciones que, al prestar un servicio público al ciudadano, están también exentos del pago de este tributo. Del mismo modo, esta medida, añadió García Magán, vulneraría el artículo 16.1 de la Constitución española que "habla de la igualdad jurídica ante la ley".

El arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez también se pronunció sobre este controvertido asunto y aseguró que "discriminaría" a la Iglesia frente a otros organismos e instituciones como partidos políticos, sindicatos u otras religiones que tampoco pagan el IBI. "Da la impresión que tenemos un chollo impresionante y no se corresponde con la realidad", añadió el arzobispo. Quien fue más tajante sobre si la Iglesia debe o no pagar este tributo fue el ecónomo de la diócesis toledana, Anastasio Gómez: "No queremos que se nos cobre el IBI", zanjó.