La sede Fedeto acogió las jornadas llamadas a -en colaboración con la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y la empresa AON- asesorar e informar a los empresarios sobre la manera de proceder tanto en el ámbito de la ciberseguridad como en el de la aplicación de la Ley de Protección de Datos.
Bajo la perspectiva de conocer «los pros y los contras» de los primeros meses de entrada en vigor de la norma, la directora del departamento jurídico de Fedeto apuntó la necesidad de acompañar a los empresarios «tanto en la orientación como en los ejemplos posibles para confirmar si van por el buen camino o no». De ahí que destacase Milagros Aguirre la «importancia de una jornada eminentemente práctica» sobre todo para las pymes, ya que se enfrentan a asuntos relacionados con la «complejidad de la interpretación de la norma -al no existir una norma española que clarifique-, con los consentimientos o con los tratamiento de los datos». Aspectos que generan algunos «caos».
En este punto, y apreciando que esta Ley «viene a cambiar la cultura de la empresa en materia de seguridad de datos» al establecer unas sanciones importantes, la directora de APD en la región centró este problema recordando que «las empresas y pymes españolas recibieron más de 70.000 ciberataques durante 2018» y que «el 91% de las pymes reciben ataques cibernéticos».
Esta situación empeora cuando se ha estimado que «los problemas causados por los ciberataques, además de la pérdida de la información de la empresa, supone unos costes de entre 20.000 y 50.000 euros», a lo que se une que las sanciones por el incumplimiento de la norma «puede llegar a los dos millones de euros». Un gasto, en palabras de Juana López, «desorbitado para cualquier pyme».
Una preocupación en alza. Invitado como ponente de referencia, el director territorial de AON en Castilla-La Mancha señaló la buena predisposición de los empresarios españoles y regionales en la «toma de medidas y en la adaptación necesaria para evitar los ciberataques». En este punto, y aunque aseguró que «todavía nos falta concienciación», Bernardo Sagarra Gamazo evidenció este cambio asegurando que mientras que el pasado año la preocupación nacional por este riesgo «ocupaba el puesto nueve, este año ha pasado al quinto lugar», todavía alejado del primero recogido entre los empresarios de Estados Unidos.
Esta empresa - líder en servicios profesionales globales con 50.000 empleados y presencia en 120 países- ofrece un amplio abanico de soluciones de riesgos que, explicó su representante en el país, «se basan en una tarea de asesoramiento para que, en caso de ciberataque, se ponga en marcha un protocolo para saber cómo hay que actuar», intervención que se completa con la contratación de «un seguro que ayude a la hora de los posible chantajes al producirse un colapso por ciberataque».
No en vano, AON ofrece seguridad al empresario porque «nos movemos en un entorno digital en el que, cada día, contemplamos más brechas de ciberriesgos» que conllevan «la pérdida de ingresos por el colapso» y que se deben informar. De ahí que esta empresa se postule ante los empresarios como «compañeros de viajes» que aportar «soluciones a este posible colapso a través del asesoramiento y de la práctica aseguradora».