El Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Quintanar de la Orden ha resuelto el primer juicio civil celebrado en la cabecera manchega por la venta de preferentes ordenando la devolución del dinero perdido a los afectados. Los beneficiados por esta resolución son un matrimonio de ancianos de una localidad de este partido judicial, a los que Bankia deberá retornar unos 30.000 euros.
Estos ancianos, aconsejados por el empleado de una sucursal de la entonces Caja Madrid, destinaron en 2009 este capital que tenían ahorrado a las participaciones preferentes (producto similar a acciones de la caja), sin haber obtenido una información plena de las condiciones de este producto financiera. Aunque cobraron durante un tiempo los intereses generados por la inversión, el colapso de Bankia y otras entidades vinculadas a las antiguas cajas de ahorro hizo que sus fondos, como los de tantos preferentistas, quedara bloqueado en la entidad sin perspectivas de ser rescatado en su totalidad.
Cuatro años después, se ha visto la reclamación por la vía civil de esta cantidad, según ha explicado Israel Álvarez Calzada, letrado del bufete Tercia Abogados que ha representado al matrimonio. Álvarez Calzada remarcaba que el juicio en sí se ha celebrado con rapidez, al alcanzarse un pacto con la representación de Bankia para que no tuvieran que declarar sus clientes (por su avanzada edad) y el empleado que les ofreció las preferentes. A partir de ahí, con los documentos presentados en el procedimiento, la jueza dictaba la sentencia fijando la devolución del capital al matrimonio, declarando nulo el contrato por el que adquirieron las preferentes. Además, la sentencia obliga a Bankia a pagar a sus clientes intereses legales por el tiempo que les ha impedido disponer de este dinero. Por último, la entidad bancaria es condenada a abonar las costas del proceso. Bankia tiene la opción de apelar el fallo ante el propio Juzgado quintanareño.
En cuanto a los fundamentos de la sentencia, el letrado del matrimonio remarca el reconocimiento de que estos no recibieron una información adecuada de la entidad para que pudieran entender los riesgos que asumían al contratar participaciones preferentes. Esto es la base fundamental de todas la reclamaciones planteadas en la Justicia por afectados por este producto financiero, normalmente personas con pocos conocimientos para suscribir productos bancarios que escapan de los tradicionales depósitos a plazo o cuentas corrientes.
Sin embargo, Álvarez Calzada destaca una conducta ilegal que la juez detecta en este caso al analizar el proceder de Bankia. Se refiere al «dolo omisivo». Este concepto define el daño que la entidad causa no ya por dar una información inadecuada, sino por ocultar de modo deliberado datos relevantes de su emisión de preferentes que, bien explicados, justificarían una marcha atrás del cliente. En el fallo se establece que «el dolo concurrió en la medida de que no se comunicó de manera adecuada a los clientes la situación real de Caja Madrid», entidad que junto a otras que forman Bankia tuvo que ser rescatada tiempo después con dinero público.
Álvarez Calzada recuerda que las preferentes de Bankia ya tenían, en el momento en que se ofrecieron a sus clientes, la maldita denominación de ‘bono basura’ por parte de agencias de calificación bancaria. El letrado señala que esta interpretación abre la vía para que se acepte reclamaciones incluso en el caso de afectados jóvenes o con un alto nivel de formación, ya que pueden alegar el daño que se les causó al ofrecérseles preferentes por una entidad que les omitía información decisiva sobre las características de este producto.
El letrado ha destacado la solvencia de la resolución dictada por la jueza quintanareña Sara Alonso Fernández, que abre un camino esperanzador para los próximos juicios que se verán en esta sede judicial. Hay que recordar que en Quintanar y los municipios de su partido judicial se concentran buena parte de los afectados por preferentes de la provincia toledana.