La versión de ‘bajo coste’ del plan de actuación urbanizadora (PAU) para la ampliación del suelo industrial de Toledo capital existe. Hay quien lo ha visto, casi a hurtadillas, sin posibilidad de hacerse con una copia, ni siquiera de sacar una fotografía. Pero ahí estaba, sobre un papel, en el Ayuntamiento. Básicamente, dicen, consiste en recortar en más de la mitad la superficie urbanizable de lo que iba a ser primera fase (que, en su día, ya se redujo a una cuarta parte del proyecto original de casi siete millones de metros cuadrados). Pero la clave real de la propuesta consiste en mover de sitio todo lo que estorba, incluida una calle, con el fin de dejar sitio a Casbega en la parte más cercana a actual Polígono Industrial. Y, lo más importante, su objetivo es que cueste el menor dinero posible para animar a la Junta de Comunidades a que adelante la inversión que luego, presuntamente, podrá recuperar con la venta del suelo a las empresas que se animen a instalarse a la sombra de la embotelladora de Coca-Cola. La crisis manda.
Sobre el plano, lo que se salva son los denominados ‘polígono 024’ (una franja de unos 90.000 metros cuadrados que corre paralela a la vía del AVE) y ‘polígono 086’ (el resto de terreno hasta tocar la carretera de Ocaña con una extensión 325.000 metros). De entrada, esto supone mover de parcela a Casbega ya que el suelo que ha comprado (por 11.962.423,11 euros, IVA excluido) queda fuera de esta esquina.
La filosofía de la modificación consiste en urbanizar el terreno estrictamente necesario para Casbega dejando un pequeño sobrante por si acaso surge otra (u otras) compañía de las que habitualmente menciona el alcalde (logística, automóvil, etc.) que están interesadas en venir pero que no dan el paso porque, según su última queja, no tienen interlocutor en la Junta de Comunidades, que es el agente urbanizador y, por lo tanto, el que va a vender los solares, ni una localización real sobre la que discutir en tanto aquello no tenga calles, abastecimiento y saneamiento, iluminación, redes de comunicaciones, gas y el resto de elementos que hacen habitable un polígono empresarial.
El desafío del PP. Lo que no está muy claro es si el Ayuntamiento de Toledo se ha atrevido a entregar esta propuesta de bajo coste a la Consejería de Fomento. De hecho el PP municipal reitera, cada vez que sale el asunto, que están dispuestos a ir de la mano del equipo de Gobierno socialista a «exigir» que se ponga en marcha la iniciativa ya que el principal escollo para tirar adelante con el proyecto original que salió a concurso era su alto coste, calculado antes de que la crisis estallara en toda su gravedad.
Otras fuentes municipales explican que la idea general de las modificaciones, aparte de reducir la cantidad de terreno a urbanizar, consiste en rebajar costes de cada uno de sus elementos. Por ejemplo, se estrechan las calles, las calidades de los materiales ya no serán de polígono de lujo sino muchos más asequibles y, naturalmente, ya no son precisas las mismas cantidades de farolas, los mismos metros de tuberías o los mismos kilómetros de cables.
Como consecuencia, aunque es un beneficio más de cara a la futura explotación del resto de terreno, aumenta la superficie urbanizable (los aprovechamientos) y eso les vendrá muy bien a los propietarios originales de las parcelas entre los que figuran empresas y particulares muy conocidos y cotizados, incluidos ex políticos. Los hay que siempre salen ganando.
costes. Pero el argumento de peso para convencer a la Consejería de Fomento será el del coste final de llevar adelante la propuesta de modificación. La Empresa Regional del Suelo sacó el proyecto a licitación con un presupuesto de 28.856.309 euros a los que hay que añadir otros 5.194.135 de IVA. Pues bien, según declaraciones de responsables municipales la cantidad de este mini PAU podría rondar los ocho millones de euros aunque hay un problema añadido con el suministros eléctrico que debe venir de una estación por construir, cuyo precio no va en el lote. La parte esperanzadora es que será compartida con el nuevo hospital y si un día se decide retomar esta obra será preciso contar con el abastecimiento, de manera que se podría ir adelantando trabajo.
En cuanto a la posibilidad de que ERES renuncie a desarrollar el PAU y los asuma otro agente urbanizador (¿el Ayuntamiento a través de le EMV?) los encuestado indican que tienen que pasar cinco años para que caduque la adjudicación y, en todo caso, la Junta debería renunciar pero auguran que no lo hará por no aparecer como incapaz de llevar adelante la obra y porque se quedó el 10% del aprovechamiento por un acuerdo político en época del PSOE. También recuerdan que los propietarios están pagando IBI de parcelas concretas con metros cuadrados y linderos, como si estuviera urbanizado, así que desde este lado se puede presionar para poner el terreno a producir.