En torno a 70 empleados de la residencia social-asistida (RSA) San José, dependiente de la Diputación, y familiares de los usuarios -enfermos de Alzheimer- del centro de día, a los que les han informado del inminente traslado de sus padres o abuelos a la nueva residencia de mayores de Azucaica, se concentraron la pasada jornada ante las puertas del centro para reclamar el mantenimiento del servicio.
Parte de la plantilla, algunos de los cuales aprovecharon el rato del café y otros que acudieron desde sus casas para apoyar, recordaban ayer que el traslado de estos enfermos, para los cuales cualquier modificación en su rutina habitual puede suponer un descalabro emocional, va a implicar con casi total seguridad un retroceso en la enfermedad, de ahí que instasen a la Diputación a que mantenga abierto el centro, que si bien no cuenta con una especialización oficial en materia de Alzheimer, sí aplica terapias que entienden no se van a dar en el centro del barrio toledano de Azucaica.
No obstante, eran los familiares los que en mayor medida se mostraban indignados con esta resolución de la Junta, enviada por correo, en la que se les informa de que en el plazo de diez días tendrá lugar el traslado. A este respecto, Raquel López, portavoz de los afectados, aseguraba que van a presentar alegaciones hasta agotar todas las vías posibles, aunque esperarán hasta el último momento para dilatar el proceso en la medida de lo posible y, en el mejor de los casos, parar el cierre de este centro de día que cuenta con 14 usuarios.
López recordó que cuando quisieron acceder a una de las plazas, desde las administraciones regional y provincial -aunque el centro depende de Diputación tiene conveniadas plazas con la Junta- se les exigía como requisito que estuvieran enfermos de Alzheimer, por eso no entienden que ahora esa cuestión no se tenga en cuenta para trasladarles, con lo que ello supone, ya que, en su mayoría, son personas de edad muy avanzada.
no será lo mismo. Consideran que en la residencia de Azucaica, aunque se disponga del personal adecuado, no se podrá prestar el mismo servicio de la RSA, adaptado con terapias específicas para pacientes con este tipo de patología. En este sentido, no se niegan a que sea el Gobierno regional quien asuma las riendas del centro por cuestiones de competencias, pero sí al hecho de que porque sea la Junta quien ahora se haga cargo se tenga que cerrar este servicio que lleva funcionando desde hace 14 años con unos niveles de satisfacción entre las familias de los pacientes más que considerable.
Por otro lado, se mostraban indignados por cómo se está llevando el proceso, pues ni siquiera se les ha consultado su parecer. Al contrario, simplemente han tenido constancia de la intención del traslado por una carta -y López asegura que no todas las familias la han recibido-, que ha llegado a todos los hogares procedentes del Gobierno regional, a pesar de que parte de las plazas son de Diputación. «Nos están privando de nuestros derechos», subrayó López, para quien la Institución liderada por Arturo García-Tizón «se está desentendiendo del problema».