Archivan la denuncia contra dos agentes mediambientales que actuaron contra una empresa de rally

J.A.J./Toledo
-

La Audiencia Provincial retira los cargos contra los funcionarios, que denunciaron a la compañía por organizar carreras de vehículos a motor en La Jara

La Audiencia Provincial ha archivado el proceso contra dos agentes medioambientales denunciados por una compañía dedicada a organizar rallies de vehículos a motor en campo abierto. Estos agentes, a su vez, habían denunciado a la compañía por organizar las carreras en un área natural de La Jara en 2011.

La resolución de este caso ha sido hecha pública por la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales (APAM). A través de una nota, el colectivo profesional ha expresado su satisfacción por la exoneración de sus compañeros.

APAM señala que este asunto se inició en 2001, cuando los dos Agentes detectan la realización de estas carreras con vehículos, que se llevan a cabo de forma organizada y que discurrían, en algunos tramos, por caminos vecinales con el consiguiente riesgo para cualquier persona que transitara por ellos.

Asimismo, los agentes detectan que la zona donde se realizaba esta «actividad ilegal» es de gran valor ecológico, ya que está situada «cerca de zonas protegidas LIC (Lugar de Importancia Comunitario) y un Refugio de Fauna cuyo embalse alberga una gran concentración de avifauna protegida». Fuentes de APAM confirmaban que el área en cuestión se situaba en La Jara, y la descripción que aportan coincide con el embalse de Azután.

Además, advertían que esta actividad aumentaba exponencialmente el riesgo de incendio forestal, por las chispas procedentes de los vehículos.  Hasta seis Agentes Medioambientales denunciaron los hechos de forma reiterada, insiste APAM, con todas las pruebas recabadas en la mano. Sin embargo, la empresa organizadora de la prueba no sólo negó los hechos sino que emprendió acciones legales contra los dos primeros agentes denunciantes.

Pese al archivo, APAM reprocha a la Junta que los agentes afectados «no tuvieron ninguna defensa por parte de la Administración». Así, critican que los servicios jurídicos de la Junta «no dispusieron de tiempo suficiente para preparar su caso», lo que perjudicó su defensa.