El procedimiento por el presunto delito de malversación de caudales públicos del recaudador J. L. L. B. está en manos ya de la Audiencia Provincial después de que el juzgado de Primera Instancia e Instrucción haya completado las diligencias para que el tribunal resuelva mediante un jurado popular o un acuerdo entre las partes. Un total de diez ayuntamientos de la provincia denunciaron hace más de un año al moroso por una deuda que supera el millón de euros. El Ayuntamiento de Navalcán, además, presentó una demanda por la vía administrativa al Tribunal de Cuentas, que ha reconocido ahora la deuda de 318.000 euros del acusado con el Consistorio y lo apunta como único responsable.
Según informó a este diario el alcalde de Navalcán y abogado de nueve de los diez ayuntamientos implicados en la causa, Manuel Arroyo, la Audiencia Provincial ha denegado de nuevo la petición de libertad provisional de la defensa de J. L. L. B., quien ha intentado en al menos cuatro ocasiones evitar la prisión, puesto que desde hace casi un año está ingresado en la cárcel por la denuncia de los diez ayuntamientos de la provincia por la deuda.
Concretamente, el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Talavera Jorge Olmedo ordenó esta resolución para el ingreso en la cárcel de Ocaña el día 9 de abril de 2014 por un presunto delito de malversación de caudales públicos de especial gravedad.
Los ayuntamientos de la provincia afectados por la deuda de J. L. L. B., que asciende a aproximadamente 1,3 millones de euros, son: Navalcán, Las Herencias, Calera y Chozas, Alberche del Caudillo, Aldeanueva de Barbarroya, Cazalegas, Los Navalmorales, Rielves, Velada y Las Ventas de San Julián. Todas estas poblaciones suman unos 19.000 habitantes.
Al menos el Consistorio de Navalcán, una localidad de alrededor de 2.500 habitantes perteneciente a la comarca de La Campana de Oropesa, presentó también una demanda en el Tribunal de Cuentas, que ha sentenciado como responsable único a J. L. L. B. de la deuda contraída de 318.000 euros fruto de la recaudación de impuestos.
El Ayuntamiento de Navalcán, uno de los más perjudicados de los diez demandantes, fue el primero que presentó una denuncia contra el recaudador municipal, concretamente a principios de enero de 2014, días después de la dimisión del denunciado, quien ya había dado un primer paso tras reconocer esta deuda ante los consistorios, porque el 28 de diciembre de 2013 presentó voluntariamente en el Juzgado de Instrucción número 52 de Plaza de Castilla en Madrid un escrito de autodenuncia, en el que explicaba que no podía pagar la liquidación correspondiente a los diez consistorios.