La presión internacional y la imposición de la ley marcial del Gobierno de Kiev en 10 regiones del país no han echado para atrás a Rusia en su pulso con Ucrania, sino todo lo contrario. El Kremlin no solo no cede ante la condena unánime de Occidente por apresar tres buques del Ejército ucraniano en aguas del mar de Azov, en la península de Crimea, sino que ayer avisó a las principales potencias mundiales de que el estado de excepción impulsado por su país vecino es el que podría elevar aún más el clima de tensión entre ambas naciones.

Para Moscú, los barcos interceptados el pasado domingo protagonizaron una provocación «muy peligrosa», ya que se adentraron en sus aguas territoriales y no hicieron caso de los disparos de advertencia. Sin embargo, el Ejecutivo de Petro Poroshenko mantiene que estas embarcaciones no hicieron nada indebido y que los guardacostas rusos dispararon «a matar».

Mientras la diplomacia sigue sin encontrar un punto de entendimiento, la Justicia ya está dando pasos y el tribunal de Simferópol, la capital de la península ucraniana de Crimea -anexionada por Rusia en 2014- decretó dos meses de prisión preventiva contra una decena de los 24 marineros detenidos por estos incidentes. El juez los acusa de cruzar la frontera ilegalmente y de manera premeditada y, por ello, se enfrentan a penas de hasta seis años de cárcel si fueran condenados.

El resto de los arrestados comparecerán entre hoy y mañana y se espera que tengan una suerte similar a la de sus compañeros.