La Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) está a la última en relación a las nuevas normativas. El edificio de las 35 viviendas de alquiler de Azucaica ha colgado recientemente su placa de certificación de eficiencia energética, un distintivo obligado desde hace meses a raíz del Real Decreto 235/2013 emitido en abril por transposición de una directiva europea a fin de establecer el procedimiento básico para la obtención de un documento que incluye los consumos energéticos y una calificación que atiende a los criterios de eficiencia en edificios públicos y privados nuevos y en los existentes. Pero la sede de la empresa municipal, por ejemplo, está exenta porque se trata de un edificio de tamaño reducido.
La EMV ha sido previsora y ha preferido seguir la norma sin esperar a que la Consejería de Fomento ponga en marcha un decreto para regularla y reemplazar la existente en Castilla-La Mancha desde hace tiempo. En estos momentos, se mantiene abierto el plazo de información pública de este decreto, pero pronto tendrá que cumplir con esta normativa estatal que entró en vigor en junio, a pesar de que muchos edificios de su propiedad y de otras administraciones no han seguido esta directriz en los últimos meses.
En este caso, la EMV se ha limitado a cumplir con la ley, pero la promotora se ha convertido en pionera y se ha adaptado con rapidez a una normativa que, de momento, sólo parece obligatoria en el papel, ya que existe un importante grado de incumplimiento. Y eso que España ya llevaba tres años de retraso respecto a la Unión Europea.
Aun así, las 35 viviendas ya han pasado el examen técnico y han aprobado pese a que su eficiencia energética se sitúa en la zona media de la calificación, puesto que el edificio mantiene calderas individuales de gas en cada una de las viviendas y eso no posibilita tanto ahorro como si fuera una comunitaria. Sin embargo, al tratarse de un inmueble de alquiler, la EMVoptó por las calderas individuales para que los posibles casos de impago afectarán lo menos posible en el edificio.
Cualquier persona interesada en uno de estos pisos de alquiler puede echar un vistazo a la placa colgada que incluye algunos datos técnicos del edificio y la calificación obtenida que tiene una validez máxima de diez años. Además, destaca los consumos energéticos anuales y su equivalente en emisiones de CO2. En esta propiedad, el arrendatario no podrá obtener un importante ahorro anual como ofrecen otros edificios más eficientes por su construcción, sus electrodomésticos y otros elementos que ayudan a un gasto de energía bajo, pero al tratarse de pisos destinados a jóvenes el alquiler mensual tampoco es elevado.
La normativa. El certificado energético debe incluirse en los contratos de alquiler y de compraventa, pero tampoco se puede olvidar que cualquier rehabilitación también la exigirá, puesto que ya se incluía en la Inspección Técnica de Edificios. Este nuevo requisito afecta a los edificios públicos, pero cuando la edificación sea superior a 250 metros cuadrados. Además, la ley obligará a los inmuebles que se levanten en el siglo XXI a un gasto de energía sea prácticamente nulo.
De momento, el certificado de eficiencia energética está sorteando las sanciones porque la administración regional es la encargada de velar por su cumplimiento y aún no ha adaptado a la normativa todos sus edificios. Si bien, el decreto con el que plantea regularlo indica que se va a poner al día con rapidez. Además, el incumplimiento acarreará importante sanciones porque se considerará una sanción de carácter grave, como ocurre con la Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, que establece multas que oscilan entre los 300 y los 1.000 euros.
Pero en caso de no presentar la certificado o de no exhibir la etiqueta en el edificio las multas pueden alcanzar los 6.000 euros. Así que es preferible pagar los poco más de 70 euros que puede costar este estudio técnico que la administración regional incluirá en un registro específico a fin de controlar y realizar inspecciones.