El PP municipal constituyó ayer su propia Comisión de Economía Hacienda y Empleo con el objetivo de dar «coherencia y transparencia» a la gestión económica del Ayuntamiento de Toledo y aportar ideas encaminadas a terminar con el «régimen casi confiscatorio» que padecen los vecinos de la ciudad «con una subida del 167% en la recaudación por multas». Jesús Labrador, portavoz de los populares, considera insostenible que el Gobierno municipal siga aumentando la presión fiscal sobre los ciudadanos mientras condona 70 millones a la concesionaria del agua o adjudica contratos a las ofertas más «perjudiciales».
Labrador recuerda que Toledo capital está en la parte alta de la clasificación de localidades con mayor carga fiscal sobre los ciudadanos y lamenta que el bipartito haya perdido la ocasión de corregirlo al rechazar la propuesta de reducir el tipo impositivo del IBI al 0,40%. En todo caso exige que el PSOE cumpla su promesa electoral de aplicar el IPC a los impuestos ya tasas y subraya que en julio, un mes antes de la referencia que se toma para las ordenanzas fiscales, ha sido negativo (-0,3%) por lo que lo normal sería que el año que viene se produjera una reducción de la fiscalidad si la evolución de los precios no varía mucho.
El PP cree que es posible bajar la carga impositiva y mantener o mejorar la prestación de los servicios públicos y para eso pone en marcha esta comisión que hará estudios comparativos con otras ciudades y también realizará consultas a distintos estamentos profesionales y sociales como el Colegio de Economistas, Fedeto, los asesores fiscales, los autónomos o las entidades vecinales.
Multas. Una de las materas en las que Labrador cree que hay margen de mejora es la recaudación y recuerda que el último informe de la Tesorería municipal alerta sobre la «subjetividad» en la gestión de las multas que puede repercutir negativamente sobre el resultado final. Por otro lado considera posible reducir gastos que no son estrictamente necesarios, lo que también debería aligerar la presión sobre los contribuyentes.
También entiende que hay que hacer una gestión económica más transparente ya que según sus datos el 70% de los contratos se tramitan por procedimiento negociado sin publicidad que es un sistema legal pero no el mejor para dar igualdad de oportunidades y la transparencia que se prometieron.