Parado desde que el gobierno de Emiliano García-Page estaba en el poder, el convenio Básico entre la Dirección General de Tráfico y el Ayuntamiento de Toledo se encontraba en el cajón del desastre del Consistorio. Un despiste, un ‘dejarlo para luego’ que casi le ocasiona un problema a la Policía Nacional de la ciudad. «Este convenio tipo, que debía de estar firmado antes del 30 de mayo, posibilita al Ayuntamiento acceder a los datos de la DGT y que, desde la misma administración, se consulten y administren datos y sanciones», argumentó a este diario Francisco Javier Caparrini, coordinador de tráfico en Castilla-La Mancha.
El objetivo de este convenio, que se ha firmado en otras muchas provincias y localidades de España , es el de formalizar la adhesión del Ayuntamiento al convenio específico de colaboración suscrito entre el organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico y la Federación Española de Municipios y Provincias en materia de seguridad vial. Un acto muy simple que posibilitaría las relaciones entre ambas instituciones para un mejor trámite en conceptos de seguridad vial.
«El convenio, simplemente, regula las relaciones entre ambas instituciones pero si el Ayuntamiento no firma el mismo no es destacable tomar medidas», explicó Caparrini quién, confiesa, desconoce los argumentos por los que no se han reunido las partes para formalizar el convenio.
Según explica el coordinador regional el convenio se remitió a finales del 2014 al Ayuntamiento y se pidió una primera reunión para las fechas de marzo y abril, algo que fue posible y que esperan solventar lo más pronto posible.
Por el momento, la DGT no ha tomado medidas y sigue manteniendo sus relaciones con el Consistorio agarrándose a otro tipo de acuerdos que ya habían firmado con la institución en otras ocasiones. Es por ello que, aunque podrían limitar su acceso, sí se sigue permitiendo el acceso a los datos desde los ordenadores de los organismos correspondientes. Además, Caparrini explicó que el convenio tiene una validez permanente y que, con su firma, no se tomarían las medidas estudiadas por el organismo. De estas opciones se resalta que, por parte de la DGT, se podría rescindir de la cesión de uso de los equipos como algunos de los automóviles, mayoritariamente para pruebas de alcoholemia, utilizados por la Policía Local.
un esperado sí. Por su parte, el Ayuntamiento asegura que firmará el convenio en el próximo mes de septiembre y que el atraso se debe a cuestiones administrativas. «Nos lo encontramos sin firmar y lo haremos en septiembre», explican desde el gobierno de Milagros Tolón. La alcaldía asegura que, cumpliendo con la promesa de «hacer un chequeo a los servicios públicos», se encontraron con el papel sin firmar que solventarán en unas semanas.
Entre las principales líneas del convenio se recogen obligaciones del Ayuntamiento como, por ejemplo, comunicar al Registro de Conductores e Infractores las sanciones firmes graves y muy graves que detraigan puntos, así como el resto de sanciones graves y muy graves, en los términos establecidos en la Ley de Seguridad Vial. También deberá facilitar datos de atropellos o de campañas preventivas llevadas a cabo.
Por su parte, la DGT se comprometerá a aspectos como comunicar periódicamente los datos del Registro de Vehículos o colaborar en la puesta en marcha de aplicaciones informáticas y campañas de Seguridad Vial.