La Audiencia Nacional dejó ayer visto para sentencia el juicio contra el expresidente de Caja Castilla La Mancha (CCM), Juan Pedro Hernández Moltó, y su exdirector general, Ildefonso Ortega, por una presunta maniobra contable que habría encubierto unas minusvalías de 196 millones de euros.

Tras las pruebas testificales, periciales y documentales, la Fiscalía concluyó que «ha quedado reflejada la comisión de un delito societario» por parte de Moltó y Ortega, y modificó su acusación solicitando una multa económica de 100 euros diarios durante 10 meses, es decir, 30.000 euros.

La Fiscalía mantuvo también la petición de dos años y medio de cárcel para cada uno, además de la inhabilitación durante ese periodo.

La defensa de Moltó dijo que se sienten «maltratados legalmente», y que los seis integrantes del PP que iniciaron el proceso «tienen que estar contentos del daño que han causado» al expresidente de CCM, para quien espera una pronta absolución «que le permita recuperar la paz».

Además, se manifestó contra la estrategia de las acusaciones, las cuales «han interpretado forzosamente» el código penal, y argumentó que ni su representado «ejerció nunca ningún poder ejecutivo» en la entidad, ni los estados provisionales «pretendían mostrar el estado fiel» de CCM.

Asimismo, recordó que quien envió dicha contabilidad fue el exdirector general Ildefonso Ortega, «en cuya buena fe confiamos todavía hoy», por lo que los estados sólo podrían haber sido rechazados por el consejo en el momento de su formulación en marzo, «un consejo que nunca llegó porque fuimos intervenidos».

Por su parte, la defensa de Ortega solicitó la absolución de su cliente porque «no hay ninguna prueba» que demuestre que el exdirector general realizase labores de administración en la caja, y añadió que la documentación de CCM «sí que reflejaba las pérdidas» registradas por la entidad.

El Ministerio Fiscal señaló que «llevar 196 millones de pérdidas a la cuenta de resultados es una operación sencillísima, de segundos, que sólo depende de la voluntad de cada uno», y agregó que «echar la culpa de todo al Banco de España es como culpar al bombero de que no puede apagar un incendio».

También destacó que ambos acusados «estaban enterados» de la inviabilidad de CCM después de reunirse con el Banco de España dos semanas antes de que la institución remitiese sus requerimientos en octubre de 2008, unos ajustes de «obligado cumplimiento» al proceder de la «máxima autoridad contable» del país.

«A 31 de diciembre ya se sabía que no podían alcanzarse las plusvalías de 400 millones», dijo el fiscal, por lo que «los 196 millones de pérdidas registrados en la cuenta de patrimonio neto tendrían que haberse trasladado a la cuenta de resultados» tal y como proponía el Banco de España en su documento.

La acusación particular destacó que «es evidente» que los investigados querían exhibir «públicamente» beneficios aún sabiendo que la caja «ni era viable, ni tenía ningún ingreso por plusvalías».