Algo está pasando en el campo castellano-manchego. O más bien, algo se está despertando, porque no es nada nuevo oír hablar de prácticas fraudulentas como la tan traída y llevada chaptalización (que no es otra cosa que aumentar la graduación del vino mezclándolo con sacarosa y agua), pero sí que los agricultores reaccionen y pasen a la acción vía denuncias. En los dos últimos años, la patronal agraria Asaja ha elevado decenas denuncias a diferencias instancias, desde la Junta de Comunidades, al Ministerio de Agricultura, a través de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), pasando por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC). El siguiente paso será, como ya han advertido, Europa.

Pero, ¿qué es exactamente lo que está denunciando Asaja? Por un lado estaría el añadido de ‘extras’ a los productos de la industria agroalimentaria. Una práctica que se salta toda la normativa de trazabilidad tanto española como europea y que, como en el ya citado caso del azúcar en el vino, estaría más que prohibida.

En los casos en los que sí estarían tolerados estos añadidos, como la utilización de sueros y proteínas lácteas en la elaboración de quesos, estos no contarían con su debido reflejo en la etiqueta final, para que el consumidor tenga claro qué es lo que está comprando, como denuncia el sectario general de la patronal agraria en la región, José María Fresneda. «Son quesos que pueden estar muy ricos, pero leche de oveja y cabra llevan poca» y no pueden ser calificados de manchegos.

Por otro lado, estaría la cuestión de la manipulación de los precios, especialmente en el sector del vino, pero también en otros de gran peso en la región como el de la aceituna o los frutos secos.

Desde 2016 Asaja viene advirtiendo reiteradamente de posibles «acuerdos en la industria» para marcar un precio único en productos como la uva, provocar «bajadas injustificadas» de precio en la almendra o permitir que las almazaras no expongan sus tablillas de precios durante la campaña de recogida. Acuerdos que, de confirmarse, irían claramente en contra de la normativa de la Competencia.

De momento, el feedback de estas denuncias va lento. Desde que Asaja pusiera en marcha este campaña de tolerancia cero ante el fraude y la manipulación de precios en los productos agrarios, a la patronal agraria tan solo le consta el cierre por parte de la Junta de una bodega en Ciudad Real el pasado octubre y la interposición, también por parte de la Junta, de 24 multas en 2017 por chaptalización, tres de ellas en el municipio ciudadrealeño de Socuellamos.

Algunas de estas denuncias se habrían ya judicializado. Como recuerda Fresneda, la Consejería de Agricultura ya llevó en 2016 a diez bodegas ante la Fiscalía por practicar la chaptalización.

La patronal agraria tiene claro que el futuro tiene que pasar por aumentar el control a la industria. Como insiste Fresenda, «hace falta más inspección y sanciones contra el fraude» y «un endurecimiento de Ley de la Cadena Alimentaria».

Y es que, «todavía son muchas las situaciones de dominio que ejerce la industria y la distribución sobre el productor. Terminar con los fraudes y las prácticas irregulares en los diferentes sectores, pasan por aumentar los controles y la vigilancia y, en su caso, las sanciones». «Solo en el último año hemos denunciado ante las diferentes instituciones competentes la existencia de contratos sin precios en los sectores del vino y del aceite, prácticas prohibidas en la elaboración del vino, como la chaptalización, fraudes en el etiquetado del queso con leche de ovino y caprino o abusos de poder a los productores de frutos secos».

Sin perder de vista la picaresca, todavía muy presente en el campo. Aquí Asaja reclama un mayor control de las básculas, los refractómetros y todos aquellos instrumentos que valoran la producción y terminan marcado cuánto se pagará a los agricultores.

Además, se insiste en poner en marcha medidas que ya están funcionando en comunidades como Andalucía. En este sentido, proponen la creación de un Observatorio Agrario y Ganadero, «una plataforma donde poder encontrar estudios de rendimientos, precios de mercado y precios percibidos por los productores». Así como la llamada ‘Guía Conduce’, «un sistema de trazabilidad para evitar y detectar las sustracciones de productos y su posterior comercialización fraudelenta».

También se pide a la Junta la convocatoria de ayudas para la creación de agrupaciones de productores primarios, con el fin de que concentrar la oferta y ser más competitivos. Unas ayudas que, avisan, deben ser directas al agricultor.

En un plano más general, desde Asaja se plantean también llevar a cabo actuaciones para poner en valor los productos agrarios, empezando por las explotaciones, con el fin de conseguir «un reparto más equitativo del valor añadido» de los productos que llegan al consumidor final.

Como reitera Fresneda, a día de hoy esta distribución del valor «se realiza a través de los precios que se fijan en las transiciones, por lo general a mediante una negociación» entre el agricultor y ganadero y la industria y que de depende «del poder de mercado» de cada una de las partes. Es aquí donde «se pueden dar practicas abusivas y desleales, consecuencia de un desequilibro de poderes».