El Pleno ordinario que el Ayuntamiento de Torrijos celebró el pasado 15 de noviembre estuvo marcado por la polémica. Los problemas de convivencia y delincuencia que está generando una familia de etnia gitana, que desde hace algo más de dos años, ocupa irregularmente una casa en el conocido como barrio Puerta Maqueda llegaron hasta el salón de plenos aunque no cómo los vecinos afectados pretendían.
Según explican los afectados, habían cumplido con el trámite administrativo reglamentario de presentación de preguntas para que fueran debatidas en el pleno, sin embargo «el alcalde ni informó al resto de los grupos políticos de esta circunstancia ni pretendía dedicarlas tiempo de debate».
Así las cosas, y puesto que a la sesión plenaria acudieron un grupo de vecinos afectados por los perjuicios que causa la familia en cuestión, no duraron en tomar la palabra generándose momentos de tensión en un casi monólogo con el alcalde, Anastasio Arevalillo. Los vecinos, muy alterados porque llevan años pidiendo soluciones a un «problema de convivencia y delincuencia que ya nos supera», advirtieron a los grupos políticos que todos son responsables de tomar medidas al respecto y, tal era el malestar que advertían que si los responsables municipales no toman cartas en el asunto «seremos nosotros quienes lo hagamos y sobre vosotros recaerá toda la responsabilidad». «Va a pasar algo gordo», auguraban en el salón de plenos algunos de los afectados o «cualquier día salimos ardiendo», lamentaba otra vecina.
El pleno, a petición de un concejal se supendió durante unos 30 minutos, y al parecer el alcalde intentó dialogar con algunos de los afectados para tranquilizar los ánimos. La reanudación de la sesión no tuvo lugar hasta que los vecinos se ausentaron del Ayuntamiento.
Al parecer, la familia que genera estos problemas lleva afinacada irregularmente en una casa desde hace más de dos años, una vivienda que está embargada y es propiedad de una entidad bancaria a la que ahora están tramitando las correspondientes comunicaciones. Señalan los afectados que esta familia. «muy numerosa, de unos 10 ó 12 miembros, muchos de ellos menores, y que en ocasiones llegan a reunir a unos 18», han robado a los vecinos desde mascotas hasta joyas, pintado sus fachadas, tienen tomas ilegales de luz, cogen el agua de las bocas de riego, molestan a horas intempestivas, dan con palos a los barrotes de otras viviendas cuando pasan por ellas y un largo etcétera de problemas que quieren que se atajen ya después de años de denuncias «lamentablemente no vemos que properen».
Así, una de las medidas que consideran los vecino debería adoptar el Ayuntamiento es la declaración de ruina de la vivienda por lo que debería ser derribada de oficio.