La Agencia de Protección de Datos (APD) está investigando la filtración de datos personales de profesores por un error informático, cuando el portal web de Educación de Castilla-La Mancha, www.educa.jccm.es publicó hace unos días el listado de adjudicación de plazas de docentes para cubrir bajas.

El PSOE denunció que en el informe se especificaba datos personales y aspectos de la vida privada de los profesores, como son el motivo de las bajas o especificación concretas de las enfermedades y calificación del comportamiento de algunos alumnos. La portavoz socialista Cristina Maestre, ya auguró que esta publicación errónea podría acabar en los tribunales.

La ley que regula la protección de datos fija en el artículo 7 que los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por razones de interés general, así lo disponga una Ley o el afectado consienta expresamente

Ante estos hechos, y ante la posibilidad de que se haya incumplido con la legislación, la Agencia de Protección de Datos está analizando y haciendo un seguimiento de las informaciones aparecidas en diferentes medios de comunicación antes de abrir una investigación de oficio, que puede concluir en una multa al gobierno autonómico que oscilaría entre los 40.000 y los 600.000 euros.

La consejería de Educación, reconoció inmediatamente que se produjo un error informático en su página que posibilitó que los datos fueran accesibles al público durante tan sólo unos minutos y que se corrigió de inmediato.

En el caso de que la APD considere que se ha vulnerado la ley, el director de la Agencia dictará una resolución estableciendo las medidas que procede adoptar para que cesen o se corrijan los efectos de la infracción. Esta resolución se notificará al responsable del fichero, al órgano del que dependa jerárquicamente y a los afectados si los hubiera.

Finalmente, el director de la Agencia podrá proponer también la iniciación de actuaciones disciplinarias y comunicará las resoluciones que se adopten para que la Junta de Castilla-La Mancha pueda presentar sus alegaciones antes de que la sanción tenga carácter definitivo.