A las doce de la mañana del 26 de julio de 2006, José María Barreda anunció en el en Palacio de la Moncloa la paralización del proyecto urbanístico previsto para una zona que, apreció, «conserva los restos de la ciudad visigoda más importante que hay en todo el orbe occidental», datada en el siglo VI d.C.
Una confirmación que exigía una «excavación integral, científica y sistemática, que va a durar en el tiempo» y que convertiría Vega Baja en «un yacimiento arqueológico» que se iba a ofrecer a la ciudad como un espacio público «apasionante».
Pues bien, doce años después de la decisión y tras planes arqueológicos, estrategias más o menos consensuadas, mesas de sabios, empresas públicas y sucesiones de jefes de arqueología y directores generales, este espacio único en el que se han hallado fases de ocupación de época tardorromana, visigoda, islámica emiral y medieval ‘resiste’ como una de las mayores y más feas cicatrices de una ciudad que vive, casi en exclusiva, de su patrimonio.
Quizá por ello, y sabedora de que los ciudadanos «demandan una solución» para esta zona, Milagros Tolón se reunió con los responsables de la Real Fundación Toledo para abordar «una planificación urbanística que respete escrupulosamente el patrimonio pero que haga ciudad». Esta compleja convivencia, que «por fin está en el interés de todas las administraciones», pasa por «aprovechar las oportunidades que ofrece la anulación del POM».
Así, y convirtiendo el defecto en virtud, la alcaldesa calificó el momento como «histórico» porque gracias a la buena sintonía de todos los agentes implicados «vamos a cambiar las cosas para bien». Para alcanzar el reto -no hay que olvidar que este suelo tiene distintos propietarios- la regidora anunció «un plan de actuaciones muy sensibles y consensuadas» que reordenen un «lugar estratégico de la ciudad». Proyecto que, ironizó, se financiará «con dinero».
Sin desvelar apenas detalles de esta nueva planificación -que quedará recogida en las modificaciones que están siendo tramitadas en torno al nuevo POM-, y ante la insistencia de los periodistas allí convocados, tan sólo señaló que el lugar contará con «zonas dotacionales, deportivas y, por supuesto, también viviendas».
Y aunque la alcaldesa prefirió eludir la justificación de esta controvertida decisión -que mil veces ha sido negada tanto por el Consistorio como por la Real Fundación-, no pudo evitar el aluvión de preguntas sobre esta cuestión que, al final, saldó con un apunte: «No va a haber ni 1.300 ni 50.000 viviendas como tampoco habrá doce puentes». Y no será así, explicó Tolón, «porque la ciudad no demanda ese número de viviendas».
Distintos propietarios. En este punto, tuvo a bien aclarar que «el diseño del plan se perfeccionará y se consensurá» para iniciar las intervenciones el próximo mes de septiembre ya que, recordó, «en Vega Baja hay suelo propiedad de la Junta de Comunidades y de particulares» con los que se están «manteniendo contactos». Reuniones en torno a una negociación que «no va ser complicada» porque «va por buen camino».
Afirmación digna de reseñar porque no hay que olvidar la existencia de los legítimos derechos urbanísticos de los propietarios de suelo -que tuvieron que abandonar sus proyectos ya iniciados con los preceptivos informes arqueológicos- con lo que, indicó «se negociará con diferentes zonas de la ciudad». Esto es, con permutas.
Sobre la comunicación con los responsables del Corte Inglés -empresa que tenía adjudicada una parcela en Vega Baja para instalarse en la ciudad-, admitió que están «en contacto» pero que «la empresa ahora se encuentra en un momento interno difícil».