El Gobierno no tiene previsto «rescatar a corto plazo» a las empresas concesionarias de la AP-41 (Madrid-Toledo) ni de la R-4 (Madrid-Ocaña), pese a las graves dificultades económicas que están atravesando por la disminución del flujo de tráfico, según asegura el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria a la diputada de UPyD Rosa Díez, a la que tuvo acceso La Tribuna.

La parlamentaria de UPYD había presentado una batería de preguntas al Gobierno por las diferentes informaciones publicadas por el Ministerio de Fomento donde se reconocían que las autopistas de peaje, especialmente las radiales, se encuentran en un estado cercano a la quiebra por la disminución del tráfico previsto.

Además, Fomento reconocía que estos malos resultados económicos también eran consecuencia de los sobrecostes en la construcción y mantenimiento de estas vías de lo inicialmente presupuestado, lo que ha supuesto una deuda considerable estimada en 3.800 millones de euros para las empresas accionistas de estas autopistas, entre las que se encuentran diferentes cajas de ahorro y constructoras.

Así, por ejemplo, las radiales de Madrid (R-2, R-3, R-4 y R-5), la autopista de peaje a Barajas, la de Ocaña-La Roda y la autopista Alicante-Cartagena-Vera, proyectadas en el segundo Gobierno de Aznar, no han cumplido ni una de sus previsiones.

En este sentido, Rosa Díez denunciaba en su pregunta que las nueve compañías concesionarias obtuvieron en 2010 un resultado de explotación de 49,5 millones en su conjunto, con lo que no pueden cubrir ni los intereses de la deuda que han contraído con las entidades bancarias que les han prestado el capital para construir las vías.

Ante esta situación, el Gobierno explica que se han creado cuentas de compensación durante un período de tres años, con el fin de anticipar los ingresos de las concesionarias hasta el 80 por 100 de los ingresos previstos en las ofertas que resultaron adjudicatarias de las concesiones.

«Se adelantan así transitoriamente a las concesionarias, mitigando los efectos de la coyuntura económica actual, los ingresos necesarios para mantener su estabilidad económica a corto plazo, previéndose su devolución cuando los tráficos se recuperen», afirma el Gobierno.

Con esta medida,  que ya ha supuesto un desembolso de 80,5 millones de euros, se evita, según el Ejecutivo,  un posible rescate de alguna de las concesiones.

Préstamos participativos.

Además, para paliar la situación en el sector, también se han puesto en marcha otras acciones, como la concesión de «préstamos participativos» por un importe de 469 millones de euros, y se han aprobado un aumento de la tarifa y del plazo concesional para que las sociedades concesionarias puedan devolver estos créditos.

El Gobierno reconoce no obstante que la actual situación económica ha afectado profundamente a los resultados económicos del sector de las autopistas de peaje, especialmente a nueve de las veintiuna sociedades concesionarias por el «desequilibrio» económico y financiero por la existencia de un tráfico real «muy inferior» al estimado.

Finalmente, argumenta que los justiprecios de las expropiaciones para la construcción de autopistas, especialmente las que atraviesan la Comunidad de Madrid, como la AP-41 y  la R-4, han sido mucho más altos que los previstos inicialmente, dado que los Jurados de Expropiación y los Tribunales, han considerado que los terrenos, en general rústicos, debían ser valorados teniendo en cuenta las expectativas urbanísticas.