Nacieron como viviendas de alquiler para jóvenes y poco a poco se han ido degradando en lo físico y lo social. Hasta el punto que hoy Junta y Ayuntamiento tienen en marcha un Plan Local de Inserción Social (Plis) para mejorar la convivencia en el bloque; Plis por cierto que se renovará en unos días. Pero más allá, la Asociación de Vecinos ‘El Tajo’ está con mosca detrás de la oreja y sospecha que la Junta, a través de Gicamán, quiere vender algunas de las 109 Viviendas, algunos inmuebles del bloque conocido en el Polígono como ‘el Parchís’.

El portavoz vecinal Víctor Villén, apunta que los vecinos de la zona han denunciado que Gicamán ha comenzado, al menos, a tapiar las puertas de algunos de los inmuebles. Así lo ha comprobado la propia Asociación, que se ha dirigido a la Junta de Comunidades para pedir explicaciones. La Junta no ha dado más respuesta oficial y ha pedido a los vecinos que se dirijan a Gicamán.

Ante la falta de respuesta, apunta Villén, la Asociación de Vecinos se teme que lo que esté haciendo en silencio es tasaciones de las viviendas «con intención de venderlas de forma oculta a un banco, fondo buitre o empresa». De ser así, explica el portavoz vecinal, «sería del todo lamentable». Porque entiende que las viviendas que se han hecho con fondos públicos y con objetivos sociales y sería «absolutamente irresponsable» que de una forma unilateral la Junta decida venderlas «porque no sean capaces de llevas una gestión responsable en ellas».

La Asociación de Vecinos, recuerda Villén, ya ha planteado suficientes medidas para solventar estos problemas, como la famosa propuesta del ‘modelo de tres patas’, que pasa por una única administración de todas las viviendas sociales de Toledo, con una única gestión.

De producirse la venta, la administración demostraría que no es competente, ni capaz, explica el portavoz vecinal, quien recuerda los antecedentes de ventas de viviendas en las 199, donde sólo 53 son propiedad de la Junta. Tampoco sería correcto para la Asociación vender un bloque entero, pero mucho menos lo es la venta de viviendas sueltas, porque esto está provocando, por ejemplo, que cuando se rompe un ascensor se arregla o no dependiendo si hay más inmuebles de titularidad pública o privada.

Sin noticia en el Ayuntamiento. De confirmarse las sospechas de la Asociación de Vecinos, apunta Javier Mateo, concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento, «sería para preocuparse». No obstante, el Consistorio no tiene conocimiento de este punto. Más allá, el edil se plantea incluso la posibilidad de la Junta para vender vivienda pública.