La concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento, Ana Saavedra, explicó que conoce la situación del entorno de la plaza de los Toreros, sobre todo como vecina del barrio. El Ayuntamiento está trabajando en una solución, pero no lo ve nada fácil. Vecinos de la zona acudieron el pasado martes a la Junta de Distrito de Santa Bárbara para denunciar la situación insoportable en la que viven desde hace tres años, con inseguridad, ruido nocturno y tráfico de drogas. Los causantes de esta situación son las habitantes de un edificio que los vecinos se preguntan si está ocupado.
Haciendo historia, Saavedra explicó que el constructor del inmueble se arruinó durante la obra, y se quedó con el edificio una entidad crediticia. Esta a su vez se la ha cedido a una inmobiliaria de su propiedad. A pesar de que el Ayuntamiento se ha puesto en contacto con la entidad, advirtió la edil socialista, esta no le ha comunicado de momento si estas personas viven en las viviendas de forma legal o son unos ocupas. Sólo ha podido saber que, al parecer, el promotor del edificio ya dejó algunos inquilinos en su interior. Pero no sabe si estos y los que después llegaron están pagando alquiler. En cualquier caso, si fueran ocupas, debería ser el propietario quien lo denunciara para que se produzca el correspondiente desahucio.
Este diario ha podido hablar con responsables de la entidad propietaria de seis de las nueve viviendas del inmueble. Aseguran que los inquilinos que allí viven en régimen de alquiler lo hacen de forma legal y que pagan religiosamente. Lo que desconocen es si hay algún problema de orden público, en cuyo caso quien tiene que actuar es la Policía. También entienden que puede haber algún malentendido por parte del Ayuntamiento, dado que hasta la llamada de La Tribuna nadie había preguntado por estos pisos al área correspondiente. La entidad se muestra dispuesta a aclarar todo al Consistorio.
Labor policial. De momento, continuó Saavedra, tanto la Policía Local como la Nacional están muy atentas a lo que está ocurriendo en toda la zona. Pero tienen dificultades para luchar contra las situaciones que denuncian los vecinos del entorno. Cuando reciben una llamada y llegan allí no ven ninguna conducta delictiva, por lo que no pueden hacer otra cosa que una labor de disuasión. Al parecer, las personas que allí hay pueden estar participando en una pelea, trapicheando o haciendo una fiesta nocturna, pero cuando el primero de ellos se percata de la presencia policial, todo se calma.
Para buscar una solución, el Ayuntamiento trata de «tirar del hilo» de ver qué dice el propietario, pero de momento entre la entidad de crédito y su inmobiliaria no recibe una respuesta clara.
Desde Izquierda Unida, Aurelio San Emeterio se unió a la postura de los residentes del entorno, y solicitó que la policía busque otras soluciones, y no se acerque siempre al entorno con las sirenas encendidas.
Finalmente, la Asociación de Vecinos Alcántara se mostró comprensiva con la postura de los afectados. Pero advirtió que es muy complicado pedir responsabilidades en una situación así. José María Jiménez recordó la situación de unos loft bajo una de las torres del barrio. Los vecinos de arriba detectaban que se metían ocupas en su interior y que incluso prendían hogueras. Sin embargo, y a pesar de comunicárselo a los propietarios, otra entidad de crédito, tampoco había respuestas. Al final, han tenido que pasar cuatro años para que esta tabique puertas y ventanas e impida la entrada desde la calle.