Una pieza es la clave. Las escaleras mecánicas de la estación de autobuses de Toledo llevan semanas averiadas, con las molestias que esto ocasiona para las personas con movilidad reducida o para los viajeros que portan maletas, quienes siguen teniendo en cualquier caso la alternativa del ascensor. En Navidad, una de las épocas del año con más desplazamientos, las escaleras ya estaban rotas y aún continúan con una valla que impide su uso.  

El Consistorio ha instado a la empresa de mantenimiento a reparar la instalación pero, según explica el portavoz del equipo de Gobierno municipal Rafael Perezagua, la compañía «está teniendo problemas para encontrar la pieza averiada y, por tanto, aún no ha podido reponerla».

El edil insiste en que el objetivo del Ayuntamiento es solucionar el problema pero dejando claro que debe ser por la vía del «mantenimiento» porque «no nos podemos permitir una inversión ahora».

La gestión del inmueble lleva desde 2013 siendo uno de los motivos de conflicto entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Consistorio capitalino, que  decidió llevar el tema a los tribunales.

Acudió al contencioso-administrativo puesto que el Gobierno regional aún no ha asumido la gestión de la estación de autobuses de Toledo, algo que reclamó el Ayuntamiento acogiéndose a la ley de reforma social de Rajoy en la que se especifica que el transporte interurbano es una competencia «impropia» de los ayuntamiento y corresponde a las comunidades autónomas.

En un principio, ambas administraciones pactaron que el traspaso se produciría el 1 de enero de 2014 pero finalmente se fue posponiendo y aún no se ha producido, lo que provocó la denuncia municipal.

Los usuarios de la infraestructura no entienden de disputas políticas y han sido varios los que han denunciado la falta de mantenimiento del inmueble y, especialmente, que las escaleras mecánicas lleven semanas averiadas sin recibir solución.

El portavoz municipal lo entiende y espera que la respuesta judicial llegue cuanto antes. No en vano, recuerda que el Ayuntamiento, «es decir, los toledanos», se podían haber ahorrado unos 600.000 euros al año si la Junta se encargase de la gestión del inmueble.

El Gobierno regional -por boca del viceconsejero de Fomento y de la propia presidenta autonómica- ha explicado al Consistorio en numerosas ocasiones que la devolución del edificio debe realizarse «libre de cargas», cumpliendo la ley y en las mismas condiciones en las que se firmó el convenio de cesión en los años 80.