La sanción a Casa Álvarez puede ser entre 19.219 y 96.099 €

J. Monroy
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El Ayuntamiento descarta en principios daños patrimoniales, aunque tendrán que determinarlo los técnicos. De ser así, las responsabilidades sería más graves

La empresa Casa Álvarez se enfrenta a una sanción administrativa por parte del Ayuntamiento entre 96.099 y 19.219 euros, siempre y cuando se confirme que no ha habido daño patrimonial en el puente de Alcántara. La Junta de Gobierno Local de este miércoles ha aprobado que el Servicio de Obras e Infraestructuras tramite el expediente correspondiente para determinar si ha habido en la actuación un cumplimiento defectuoso del contrato, con el uso de una radial manual, para la ejecución de obras de iluminación artística y reparación del alumbrado público en el puente.

Si se confirma que la empresa ha incumplido el contrato, apunta el portavoz municipal, José Pablo Sabrido, se enfrenta a las sanciones recogidas en la Ley de Contratos del Sector Público, que en su artículo 192 dice que cuando haya cumplimiento defectuoso, puede haber sanciones por cada incumplimiento no mayor al diez por ciento del contrato, IVA excluido, y en total las sanciones no pueden superar el cincuenta por ciento. De forma que, con un contrato de 192.199,26 euros más IVA, la empresa se enfrenta a una sanción entre 19.219 a 96.099 euros.

Sin daño patrimonial. Eso sí, esto es siempre y cuando no se haya producido ningún daño patrimonial, tal y como está valorando el Ayuntamiento.

Lo importante para el equipo de Gobierno, apunta Sabrido, es que parece que no ha habido daño patrimonial, pero a pesar de ello, el Ayuntamiento no puede aceptar que no se cumplan las condiciones del contrato, mucho más cuando se actúa sobre un puente tan significativo como el de Alcántara, con el que hay que ser especialmente cuidadoso. Es decir, si se acredita el incumplimiento, el Ayuntamiento será escrupuloso en el cumplimiento de la ley. Para ello, quiere determinar responsabilidades.

Porque en el caso de que se determinada que ha habido daño al patrimonio (hay que recordar que todo el puente, en su conjunto, está declarado BIC), la responsabilidad ha sido distinta. Aunque Sabrido no aclaró las posibles consecuencias. Hasta ahora las noticias que tiene el Ayuntamiento es que no ha sido así, pero deberán determinarlo los técnicos, para que el equipo de Gobierno tome la determinación final en base al expediente.

Apunta el portavoz municipal, que dado lo especial del emplazamiento, desde el primer momento se fue especialmente cuidadoso con la dirección de obras, con una unidad arqueológica encargada de seguir las mismas. Había, por lo tanto, un doble control. Quiere ahora saber el Ayuntamiento si durante el uso de la radial los técnicos estaban pendientes o dieron instrucciones y en un momento determinado la empresa las incumplió.

Todo ello, después de las actuaciones en el puente el pasado año. Ninguna de las administraciones, apunta Sabrido, han considerado que hubiera responsabilidades, como tampoco ha pasado con otras actuaciones de otras instituciones. Esta es, explica el concejal, la primera vez que el Ayuntamiento abre un expediente en este sentido.