Si los empresarios no están dispuestos a continuar con su desarrollo, en tres meses y de un plumazo, van a ser anulados siete programas de actuación urbaniza- dora (PAU) que prometían levantar 18.700 viviendas en Toledo capital. Es un cataclismo controlado porque todavía van a sobrevivir otros tres proyectos con capacidad para 10.616 casas. Además es un simple trámite administrativo sin mayor trascendencia ya que no rescinde el derecho de construcción de ninguno de los 49.955 pisos que forman parte del Plan de Ordenación Municipal (POM). En el Ayuntamiento los problemas se esperan para más adelante, cuando pongan sobre la mesa la necesidad de desclasificar suelo urbanizable para devolverlo a la categoría de rústico: «presiones vamos a tener», augura el concejal de Urbanismo, Javier Nicolás.
Los PAU que Urbanismo propone para su anulación son Huerta del Rey (2.052 pisos), La Alberquilla Este (2.844), La Alberquilla Oeste (2.790), Valdecubas (5.770), Ampliación del Polígono Residencial (3.020), La Peña Azucaica (1.843) y La Legua Norte (381). Se les da tres meses a los empresarios para que retomen los trámites o, en caso contrario, los PAU se darán por caducados.
Según Nicolás se trata del «primer movimiento» que se realiza de cara a lograr el objetivo último, que será la obtención de un «nuevo» POM adaptado a las necesidades de la ciudad. El «segundo» ya está «preparado» y consistirá en comunicar a las administraciones que deben intervenir en la revisión cuáles son las circunstancias y pedirles que remitan las sugerencias que crean convenientes
El concejal dice que el actual planeamiento urbano es «ambicioso pero inviable, técnica y económicamente» y achaca la responsabilidad al PP, si bien admite que el PSOE y la Junta de Comunidades han sido colaboradores activos para su aprobación definitiva.
Con relación a las críticas de la consejera de Fomento por la pasividad del Ayuntamiento desde que el Tribunal Superior de Justicia de la región anuló el POM Nicolás indica que la culpa de que no se haya cumplido la sentencia es precisamente de ella por no haber respondido los requerimientos municipales.
Así, la sugiere que antes de hablar se informe de «lo que le entra en la Consejería» y saca una carta con fecha de mayo de 2012 donde el concejal expone que remite un informe de sus servicios técnicos de Urbanismo «relativo a la propuesta de subsanación formal del POM de Toledo».
A continuación muestra el propio documento y las fotocopias de los acuses de recibo de la Consejería, sellados el 6 de junio de 2012. Además asegura que antes hubo conversaciones entre técnicos municipales y regionales para delimitar «lo que se tenía que llevar o no a esa posible información (pública)». Y dice que hasta hoy el Ayuntamiento no ha recibido contestación a la propuesta.
Más a más, el concejal portavoz, Rafael Perezagua, afirma que quien tendría que haber sacado el POM a información pública para cumplir las sentencias es «quien aprueba» el planeamiento de forma definitiva, es decir la Consejería.
Bajo su punto de vista lo que ha ocurrido es que la Administración regional se ha desentendido del problemas y como demostración recuerda que el Tribunal Supremo rechazó el recurso de casación de la Junta por defectos de forma mientras que admitió el del Ayuntamiento.
Por último, los concejales insisten en que es necesario que el Tribunal Constitucional aclare la legislación con el fin de evitar la «inseguridad jurídica» que se produce en todas las localidades que tramitan sus planes siguiendo la normativa regional y al final se les anula. De manera que si no lo hacen otros, Perezagua afirma que el Ayuntamiento de Toledo acudirá hasta «la última instancia de la jerarquía legal», es decir, el Constitucional.