La concejalía de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Talavera tiene los números hechos y las cuentas, por el momento, parecen claras. Actualmente no se va a aplicar el fallo del Tribunal Supremo que ha condenado al Ayuntamiento de Badajoz a cobrar como rústicos aquellos terrenos urbanizables sin ninguna actuación urbanística a corto o medio plazo, pero si tuviera que hacerlo, ya saben que serían unos 470.000 euros los que deberían devolver a los propietarios afectados.
El concejal del área, Arturo Castillo, argumenta su tesis con números y los informes municipales del interventor y secretario en la mano. Así, durante el ejercicio 2013 el Consistorio recaudó un total de 712.899,99 euros procedentes del Impuesto de Bienes Inmuebles de estos terrenos calificados como urbanizables que ahora reclaman su cambio a naturaleza rústica. En 2014, esa cantidad ha caído hasta los 450.019,57 euros por la aplicación de las bonificaciones que han ido desde el 15 hasta el 75 por ciento dependiendo de la zona.
Mientras, y tras llegar a un acuerdo con Apovata para que en 2015 se pague el IBI con bonificaciones de hasta el 90 por ciento en buena parte de los terrenos -1.270 hectáreas de las 1.900 totales bajo esta calificación urbanística- el Ayuntamiento recaudaría 360.000 euros que sería una cantidad similar a la aplicación en la ciudad del fallo del alto tribunal. En este sentido, Castillo asegura que en el próximo año no deberían devolver ninguna cantidad ‘mal cobrada’ mientras que sí finalmente tuvieran que hacerlo los dos años anteriores, las cifras serían muy diferentes.
Así, en 2013, donde no se aplicó ningún tipo de descuento y se cobró algo más de 700.000 euros, Economía debería devolver unos 400.000, la diferencia aproximada con lo cobrado en 2015. En 2014, donde ya se aplicaron las bonificaciones, la cuantía sería menor, de unos 60.000-70.000 euros aplicando la misma fórmula. «Este es el único riesgo que podemos correr, no los 1,2 millones que dice el PSOE, que no sé de donde lo sacan», asegura.
La ventaja del Ayuntamiento de Talavera en este caso es que, de modificarse la ponencia de valores, tan sólo han cumplido dos años de vigencia en la ciudad, por lo que la cantidad a devolver sería menor. No ocurre lo mismo en la ciudad de Toledo, destaca el edil, cuya valoración se aprobó antes, en 2007, «y en plena burbuja inmobiliaria», por lo que la devolución sería mucho más costosa para las arcas municipales.
1.900 hectáreas. En los informes municipales elaborados para el encuentro con Apovata, se recoge que según los datos facilitados por el servicio de Urbanismo contenidos en el POM, en la actualidad son aproximadamente 1.900 las hectáreas calificadas como suelo urbanizable de las que, en términos fiscales, podrían calificarse como urbano unas 720 por encontrarse en dicho POM «con un cierto nivel de ordenación detallada». Mientras, las 1.180 restantes requieren la aprobación de algún plan urbanístico para adquirir la condición de urbano a efectos fiscales, por lo que serían susceptibles de cambiar su calificación a rústico a efectos del IBI de conformidad con la interpretación del Tribunal Supremo. No obstante, y según indicó el responsable municipal, «hay que estudiarlo parcela por parcela».